Redacción
La defensa jurídica del joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez, acusado de secuestro y portación de armas, presentó un nuevo amparo luego de que la Primera Sala de la Suprema de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación. Sin embargo, a más de 96 horas de dicha resolución el mexiquense permanece preso en el penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el pasado 17 de octubre que dentro del proceso judicial que enfrentó el joven Sánchez Ramírez se encontraron graves irregularidades por el delito de secuestro y decretó su inmediata liberación.
En tanto que se dejó pendiente de resolver otro amparo por la supuesta portación de armas, aunque esta sanción ya fue cubierta desde el 28 de agosto de 2012 según las propias constancias de las autoridades penitenciarias.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez consideró que existen determinaciones “arbitrarias” de las autoridades penitenciarias federales y del Estado de México pues Hugo ha permanecido privado ilegalmente de su libertad por más de 96 horas después.
Dicha organización que representa legalmente a Hugo, informó que llama la atención sobre lo preocupante que resulta el hecho de que autoridades administrativas incumplan con las determinaciones del Máximo Tribunal del país.
Por eso ha solicitado formalmente a la Primera Sala de la SCJN su intervención para que detenga tajantemente este abierto desacato de las autoridades administrativas hacia su fallo. Resulta sumamente preocupante, en el contexto de transición política que vive nuestro país, que se cuestione en los hechos la autoridad del Poder Judicial, en general, y de la SCJN en particular.
Ello representa, consideró la defensa, no sólo el desacato a la sentencia emitida por la Suprema Corte sino además un acto ilegal de la privación de la libertad.
Al ser la portación de armas un delito federal y al encontrarse ya cumplida la sentencia, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en colaboración con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de México cumplir con la resolución que restituye a Hugo Sánchez en sus derechos, mientras la Suprema Corte analiza si concede el amparo por este delito.
No hacerlo, conlleva severas sanciones como la separación del cargo y la consignación ante un juez penal.
Sin embargo, lejos de respetar el marco constitucional y legal que los rige, los funcionarios implicados han manifestado que Hugo solamente podrá ser liberado en cuanto se desista del amparo en vías de solventarse, lo cual implica reconocer la culpabilidad de un delito que no cometió.
“Esta suerte de chantaje, no puede ser tolerado en el marco de un Estado de Derecho, pues redundaría en perjudicar a las personas que ejercen los medios de defensa previstos en la legislación para proteger los derechos humanos” puntualizó el Centro Pro.
