Redacción
Toluca, Edomex. 05 de septiembre de 2017.- Una ardua investigación desarrollada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reveló que a través de la triangulación de fondos entre once dependencias del gobierno federal con la complicidad de universidades públicas estatales, lograron desviar tres mil 433 millones de pesos entre 2013 y 2014.
La indagatoria se extendió en ocho universidades públicas que participaron en esta desviación de recursos públicos, incluye a la Universidad Autónoma del Estado de México, durante el rectorado de Jorge Olvera García.
Mientras que entre las dependencias federales involucradas, se enumeran a las Secretarías de Educación Pública y Comunicaciones y Transportes, encabezadas por los mexiquenses Emilio Chuayffet -exgobernador del estado- y Gerardo Ruiz Esparza; además del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) bajo el mando de Alfredo del Mazo -gobernador electo de la entidad-.
De acuerdo a la información difundida por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se investigaron 73 convenios contenidos en las Cuentas Públicas de 2013 y 2014 de once dependencias públicas; así como la revisión de 186 empresas contratadas, a efecto de verificar su existencia, su constitución legal y su eventual cumplimiento con los mínimos requerimientos para dar los servicios contratados.
La indagatoria periodística reveló que las universidades públicas subcontrataron a terceros la totalidad de esos servicios en la mayoría de los convenios firmados, para lo cual ocuparon a 186 empresas, por cuyo concepto de intermediación cobraron una comisión de entre el 10 y el 15% del total del convenio.
En resumen, la acción desarrollada por las universidades involucradas implicó por sí mismo un sobreprecio de los servicios contratados, en la medida que recibieron pagos por mil millones de pesos por no hacer nada, más que validar la triangulación de recursos.
La triangulación de recursos en Edomex
En el caso específico de la Universidad Autónoma del Estado de México, la investigación exhibe como responsables de dicha triangulación financiera al exrector Jorge Olvera García, y a Erick Herzaín Torres Mulhia, director general del Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT), quienes están involucrados en la firma de 28 convenios con una decena de dependencias federales, por cuyas comisiones habrían cobrado alrededor de 280 millones 268 mil 900 pesos. Es la segunda universidad por el monto obtenido, sólo detrás de la Universidad Autónoma del Carmen, que alcanzó una ganancia de 331 millones 241 mil pesos.
Entre los casos exhibidos por Animal Político, se ejemplifica que Fondict de la UAEM consiguió en 2013 dos contratos por 4 millones 934 mil pesos, pero subcontrató a la empresa Publicidad y Mercadotecnia Infinitum S.A. de C.V. para dar “servicios administrativos para desarrollo del sistema informático” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), a cargo del mexiquense Gerardo Ruiz Esparza. La revelación periodística logró establecer que dicha empresa fue catalogada por el SAT desde julio de 2014 como empresa fantasma por realizar operaciones fraudulentas.
También el Fondict de la UAEM otorgó en 2013 un contrato por 17 millones 578 mil pesos a la empresa Impactel S.A. de C.V., cuya firma contaba con una investigación abierta por la Procuraduría General de la República por incumplimiento de contrato con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes por un monto de 68 millones de pesos.
Otro caso más, abunda que la pasada administración de la Universidad Autónoma del Estado de México recibió 223 millones 87 mil pesos del FOVISSSTE, como resultado de cinco convenios con el propósito de “rediseñar” o simplificar los procesos de atención a derechohabientes.
Aun cuando la UAEM no tenía la capacidad de dar el servicio, decidió subcontratar a la empresa Interamericana de Negocios y Comercio, S. A. de C. V., cuya acta constitutiva contempla que se dedica a la venta de zapatos. En este contrato, la UAEM le otorgó una suma de 15 millones 389 mil pesos.
En ese mismo convenio, la casa verde y oro contrató otras tres empresas -Icalma Servicios y Consultoría, S. A. de C. V., Consolidación de Servicios y sistemas Administrativos, S. A. de C. V. y Evyena Servicios, S. A. de C. V.- las cuales son investigadas desde octubre pasado por el SAT por hacer operaciones irregulares; y a tres más que no están registradas ante la Secretaría de Economía.
Aunque el ISSSTE afirmó haber recibido satisfactoriamente los servicios otorgados, y que “el Fondo de Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación”; la investigación de Animal Político aclaró que la propia Universidad había admitido expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas; no obstante, la casa de estudios aclaró que “no era competencia del contratante (FOVISSSTE) ser auditor del proceso de la prestación de servicios del proveedor (U.A.E.M)”.
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que no hay prueba de que la universidad o las empresas hayan dado los servicios contratados.
Otro caso que involucra a la Universidad Autónoma del Estado de México corresponde a un convenio otorgado por el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que incluía apoyos destinados a 4 millones de analfabetas del país. Para ello, se firmó un contrato en 2014 por un monto de 97 millones de pesos, con el objetivo de desarrollar una metodología que permitiera la “ubicación de personas de 15 años o más de edad que no supieran leer y escribir un recado en español”.
Una vez más, la UAEM se declaró incapaz de hacer la totalidad del servicio y subcontrató a Estrategia Solutions, S. A. de C. V., que ganó 9 millones 558 mil pesos, pero cuya empresa no estaba registrada ante la Secretaría de Economía. Mientras que en su domicilio fiscal, localizado en Sevilla 30, colonia Juárez, en la Ciudad de México, trabajadores del edificio confirmaron que la empresa no opera ahí, pero cada determinado tiempo acude una persona a recoger correspondencia. Animal Político enfatiza: Del resto del dinero -87 millones de pesos- no se sabe nada.
Del Mazo, Banobras… y otra vez Fondict
La investigación expuesta por Animal Político, involucra además al gobernador electo del Estado de México, Alfredo del Mazo, cuando encabezaba el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) en 2013, en cuyo periodo dicho organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmó tres convenios por 491 millones de pesos con el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT) de la Universidad Autónoma del Estado de México, el cual es un fideicomiso público que ofrece asesorías, outsourcing o capacitación, y cuya gestión es independiente de la Universidad.
El propósito del convenio era desarrollar servicios “de control, operación y soporte” de la red interna de Banobras, pero ante la incapacidad de ejecutarlo, el Fondo contrató a dos empresas, una de ellas Intellego Servicios de Consultoría S.A. de C.V., que se quedó con una comisión y que a su vez contrató a cinco más. De esas cinco, cuatro presentan una constante vinculadas con irregularidades, como carencia de domicilio fiscal, que son razones técnicas que les impedirían recibir contratos públicos de manera directa.
En sólo una empresa, se logró situar su operación aparentemente legal. Se trata de QUITZE, S. A. de C. V. que recibió 452 mil 500 pesos para realizar los servicios, es decir, el 1.18% del monto original de los convenios firmados por Banobras. Animal Político, vuelve a ser contundente: Del resto, 490 millones de pesos, no hay rastro.
En tanto, Banobras entregó vía transparencia 82 hojas con informes mensuales en los que su personal describe que las redes de comunicación interna funcionan, para probar que se realizaron los servicios. Empero no se menciona nada del sobreprecio ni del destino final del dinero.
La investigación periodística afirma que Alfredo del Mazo se negó a responder sobre las irregularidades que esta investigación confirma y que ocurrieron durante su mandato al frente de Banobras.
En el caso de Banobras, la firma estuvo a cargo del subdirector de Recursos Materiales, Luis Efrén Ramírez García; y del gerente de Servicios de Tecnologías de la Información, Gerardo Pavón Luna. Mientras que por el Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnología (FONDICT) de la UAEM, firmó Erick Harzaín Torres Mulhia, director general.
SFP aclara que se varios señalamientos se han solventado ante la ASF
En un comunicado emitido tras la publicación de este reportaje por Animal Político, la Secretaría de la Función Pública (SFP) aclaró que la Auditoria Superior de la Federación (AFP) notificó en tiempo y forma a las dependencias señaladas de estas irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas 2013 y 2014 para solventar las observaciones y corresponde a la propia ASF dar cuenta del avance de las solventaciones.
El comunicado informó que la ASF ha presentado denuncias penales que están en curso y que la SFP inició procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de 10 servidores públicos en tres dependencias federales señaladas en el reportaje, aunque no dio más detalles.
Añadió que siguen n curso investigaciones en contra de otros 40 servidores públicos federales relacionados con las observaciones.
En cuanto a las instituciones de educación superior, agrega el comunicado, corresponde a los propios órganos internos de control, auditar, investigar y en su caso sancionar.
