Redacción
Toluca, Edomex. 3 de mayo del 2016.- Los abusos cometidos por la policía en su incursión al poblado de San Salvador Atenco, para detener a los que se oponían a la construcción de un nuevo aeropuerto en mayo del 2006, siguen impunes. Ningún policía o servidor público ha sido castigado penalmente por los excesos que se han sido documentados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni por las comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos.
En los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo del 2006 también fallecieron los jóvenes Alexis Benhumea Hernández y Javier Cortes Santiago quienes recibieron impactos de proyectiles como los que utilizaban las fuerzas de seguridad que se enfrentaron con los atenqueses. Estas muertes no han sido esclarecidas por la Procuraduría General de Justicia del estado de México, quien en diez años ha sido incapaz de determinar a los responsables o consignar los expedientes.
En sus recomendaciones la CNDH y la CIDH han acreditado la violencia física y sexual en contra de 43 de mujeres detenidas. En los operativos de mayo del 2006 en Atenco fueron detenidas más de 200 personas. Los abusos contra las mujeres y el resto de los detenidos habrían ocurrido durante su detención y traslado de Atenco hacia el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.
Decenas de detenidos que bajaban de los camiones para ingresar al penal de Santiaguito lo hacían ensangrentados y con claros signos del abuso policiaco .
En julio del 2012, la Procuraduría de justicia mexiquense acusó a los policías estatales Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz, de tortura en agravio de los detenidos en los operativos de Atenco. Ninguno de los dos ha recibido sentencia, gracias a la promoción de amparos.
En octubre del 2014, la Procuraduría ejercitó acción penal contra 8 policías estatales más por el mismo delito. Entre los imputados se encontraba Noé José Hernández Bautista, Jorge Hernández Mejía, José Antonio Olvera Lozada, Julio César Velasco Elizalde, Mario Barriga Avilés y Olivia Méndez Martínez. Tampoco ellos han recibido condena.
En ese mismo pliego de consignación al juzgado primero penal de Toluca, se acusó a once médicos legistas de la Dirección General de Readaptación Social y a un agente del ministerio público por el delito de tortura equiparada y encubrimiento, pues no certificaron las lesiones que traían los detenidos al llegar al penal tras ser golpeados por los policías.
El proceso contra los médicos legistas acaba de cerrar instrucción y cinco de ellos — Héctor Hugo Hernández Guerra Blas Reyes Sánchez, Miguel Ángel Meneses Ibarra, Olimpia Gómez Sandoval, Blas Reyes Sánchez y María del Carmen Iglesias Aguilar— están a la espera de escuchar sentencia.
En los casos de Patricia Eugenia Martínez Torrijos y Rosa Celia Ramón Juárez, José Armando Solache Ramírez, Gabriel Job Olmos Arroyo, Fidel Robledo López y Bernabé Pérez Soto, tienen pendiente la resolución de un amparo que tiene detenido su proceso.
El único que sigue bajo juicio es ministerio público Agustín Hinojosa Martínez acusado de tortura equiparada y encubrimiento. El proceso se encuentra en el periodo desahogo de pruebas y todavía faltan varios meses para que se decrete el cierre de instrucción.
