Israel Dávila
Toluca, Edomex. 21 de noviembre del 2018.- El Gobierno del Estado de México informó que aceptará y atenderá la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por violaciones a las garantías de una servidora pública del sector salud que a decir de este organismo, sufrió acoso laboral y vejaciones junto a su hijo de meses por parte de personal del Instituto de Salud de la entidad.
El gobierno del estado indicó que la queja será atendida a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se acercará a la mujer para comenzar con un proceso de reparación del daño.
“El Gobierno del Estado de México está comprometido con la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, por lo cual se girarán las instrucciones necesarias a fin de que las instituciones involucradas en esta recomendación acaten las observaciones de la CNDH”, señala una tarjeta informativa relativa a este caso.
El pasado 4 de agosto de 2017, Fanny Chande Pineda presentó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México por sufrir acoso laboral y vejaciones por servidoras públicas de un centro de salud ubicado en Nezahualcóyotl, donde presuntamente recibió agresiones físicas y violencia por su jefa inmediata, Rocío Espinoza Ramírez, las cuales empeoraron cuando la agraviada notificó su embarazo y luego en su periodo de lactancia.
El organismo nacional detalló que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, no encontró elementos para determinar violaciones a los derechos humanos, por lo que la quejosa impugnó dicha decisión.
Al analizar el expediente y profundizar en la investigación la CNDH confirmó que si fue víctima de acoso laboral y vejaciones, por lo que emitió la recomendación dirigida al gobernador del Estado de México.
Las autoridades de salud siempre argumentaron que los hechos que relataba Fanny de supuestos agravios por parte de su jefa inmediata y de otras enfermeras eran totalmente falsos, pero nunca pudo acreditar esta situación la Secretaría de Salud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La CNDH solicitó al gobernador Alfredo Del Mazo reparar integralmente el daño ocasionado a la agraviada y su hijo conforme a la Ley General de Víctimas, que incluya compensación económica por concepto de indemnización y presentar a esta Comisión Nacional las constancias que acrediten su cumplimiento.
También lo emplaza a garantizar, conforme a la ley, la estabilidad laboral de la víctima en un ambiente adecuado en el Centro de Salud y cesar de inmediato los actos de hostigamiento laboral en su contra.
Además, establece la necesidad de generar un Programa de atención y seguimiento de los derechos de las mujeres embarazadas y madres, para verificar y supervisar el cumplimiento cabal de los derechos de las mujeres embarazadas y madres, y revisar el procedimiento para los permisos de lactancia, con el fin de garantizar que estos tengan las formalidades mínimas.
