Redacción
Ciudad de México. 07 de noviembre de 2017.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una Recomendación dirigida al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza ante la persistencia de situaciones apremiantes en las cárceles mexiquenses que representan un riesgo para que se presenten actos de tortura o maltrato contra los internos.
A través de la Recomendación M-6/2017, se establece que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), instancia dependiente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pudo analizar las condiciones que se viven en los Centros de Prevención y Readaptación Social (Ceresos) ubicados en Almoloya de Juárez, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla de Baz y Valle de Bravo.
En la recomendación de la CNDH dirigida a Alfredo del Mazo se solicita atender aspectos relacionados con instalaciones inapropiadas, sobrepoblación y hacinamiento, autogobierno, deficiencias en instalaciones para mujeres, alimentación inadecuada, falta de programas para la prevención y atención de incidentes violentos y deficiente clasificación y normatividad en dichos centros dependientes de la recién creada Secretaría de Seguridad.
Además, la CNDH abunda en su recomendación que las condiciones de autogobierno favorecen diversas clases de abusos por parte de grupos de poder que ejercen el control de los establecimientos, lo que genera un ambiente de violencia al interior de los centros, extorsión, tráfico de sustancias prohibidas y cobro por privilegios y tratos especiales para algunos internos.
En tanto, el organismo nacional defensor de los derechos humanos contempla que los cobros propician corrupción en la que pueden participar internos y servidores públicos para obtener beneficios económicos a costa de las necesidades de los demás reclusos.
La CNDH detalló que la recomendación se desprende de las visitas, informes y diagnósticos emitidos sobre los diversos centros de reclusión, al examinar el trato y condiciones de los internos, y con ello evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, respecto del trato humano y digno, la legalidad y la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
La carpeta de investigación integrada por la CNDH se determinó a partir de entrevistas con servidores públicos y personas recluidas, así como la revisión de expedientes y documentos de registro, además de recorridos por las instalaciones, con el propósito de verificar y constatar el funcionamiento y las condiciones de las distintas áreas, se informó.
Entre las irregularidades detectadas destacan la existencia de sobrepoblación y hacinamiento, condiciones de autogobierno, insuficiencia de personal, deficiencia en servicios médicos, alimentos insuficientes y de mala calidad, ausencia de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o de eventos violentos, malas condiciones de mantenimiento e higiene en dormitorios, instalaciones sanitarias, cocina y área médica, así como falta de espacios exclusivos y adecuados para mujeres.
Finalmente, la CNDH detalló que estará pendiente que el gobierno estatal, particularmente la Secretaría de Seguridad, responsable de administrar el sistema estatal penitenciario, cumpla con las recomendaciones formuladas, en los tiempos señalados para ello, y de acuerdo con la información que reciba realizará visitas de seguimiento para verificar los avances correspondientes.
