De la explotación electoral de la pobreza a la delincuencia electoral
Uno de los factores más cuestionables, desde la perspectiva ética, es el lucro electoral de la pobreza. En el Estado de México, 49.6% de la población (8.2 millones de personas) se encuentra en situación de pobreza y 7.2% (1.2 millones de personas) en pobreza extrema. Sólo entre el año 2010 y 2014, la pobreza en dicha entidad se incrementó en 12.8% según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De acuerdo con un estudio de Incide Social AC, el gobierno del Estado de México devengó en los primeros meses de 2017 casi todo el presupuesto destinado a la entrega de programas sociales, el cual equivale a 157 mil millones de pesos. Según a asociación civil presidida por Clara Jusidman, el presupuesto de la entidad en 2017 fue de 260 mil 318 millones de pesos, de los cuales 60.5%, equivalente a 157 mil 492 millones, fue destinado a programas sociales. El estudio revela que los apoyos sociales en la entidad incidieron en el ánimo del votante en condición de pobreza; además, sostuvo que la mayoría de los programas sociales de la entidad no están blindados, son opacos y se utilizan a discrecionalidad. Incide analizó a fondo 30 programas, de los cuales muchos no cuentan con un padrón de beneficiarios y sólo uno tenía contraloría social. El impacto de la estrategia de lucrar electoralmente con la pobreza tuvo efectos visibles en el comportamiento del voto.
Uno de ellos es la participación ciudadana, que se incrementó en más de 5%. Sin embargo, dicho incremento se percibió notablemente en zonas rurales y pobres. Este contraste ha generado cuestionamientos entres distintos analistas y académicos que estudian estas elecciones: 75% de las 18 mil 605 casillas fueron urbanas, y sólo 25%, no urbanas. En las casillas urbanas se mantuvo el promedio histórico de abstención y sólo votó 51.9% de los ciudadanos del Estado de México. Mientras que en las no urbanas el voto se incrementó en 59.5%. Hay una diferencia de 7.6, en la que el PRI obtuvo 18 puntos con un mayor número de votos que Morena en las casillas no urbanas. Es decir, en las casillas rurales el PRI obtuvo 18 puntos con un mayor número de votos que Morena en las casillas no urbanas. Es decir, en las casillas rurales el PRI obtuvo 43.5% de los votos, y Morena sólo 25.6%. En cambio, en las casillas urbanas la diferencia fue ligera: el PRI obtuvo 30.1% y Morena 32.9%. En municipios como Sultepec votó 69% de la lista nominal, en Tlatlaya 67%, y en Luvianos 65%. Niveles envidiables hasta en países altamente democráticos. En contraste, en los municipios urbanos la participación fue pobre; por ejemplo, en Naucalpan y Tlalnepantla sólo votó 47%, y en Ecatepec 49%.
Por ello, la consejera Ana Vanessa González, de la junta local del INE (2012-2017), quien analiza a profundidad en otro capítulo de este libro el tema, tuvo un fuerte posicionamiento en la última sesión de la junta local del instituto en el Estado de México, advirtiendo:
Lo estuvimos diciendo desde marzo de este año en sesiones sobre la operación del gobierno federal y del gobierno estatal en la entrega de recursos públicos y en la operación de programas sociales. Cuestionamos la decisión del congreso local al definir 65 programas sociales que supuestamente no tendrían incidencias electorales; las más de 500 visitas de subsecretarios y de directores generales que estuvieron operando directamente programas sociales en zonas pobres de la entidad, justificando que los programas sociales no podrían parar, y menos en el Estado de México, con tantas necesidades. Es evidente que se entregaron recursos de distintos tipos de los diferentes programas sociales en la entidad y ahora constatamos que por supuesto tuvieron influencia en la orientación del voto en todo el sur del estado, y se muestra que tiene una incidencia en los resultados electorales.
Otro dato preocupante, de los 141 mil beneficiarios de programas sociales registrados, 9 mil fungieron como representantes de casillas, de los cuales 6 mil operaron para la coalición de Alfredo del Mazo. Esta línea muestra cómo el sistema condiciona ayudas de los programas sociales y orienta conductas políticas de la población más vulnerable. Santiago Nieto -entonces titular de la FEPADE- declaró que de las 240 investigaciones abiertas, 57% corresponden a mujeres, entras las que destacan beneficiarias de programas sociales como Próspera. El entonces fiscal sostuvo que existe una política de condicionamiento de programas sociales que utiliza a las mujeres. Por ello la feminización de la pobreza tiene como correlato la humillante feminización del delito electoral. Resulta perturbador el uso político contra las mujeres que padecen los mayores rehenes de intereses electorales porque es el sector más frágil y susceptible de manipulación política.
En efecto, las denuncias presentadas por los partidos de oposición, la sociedad civil y la opinión pública sobre utilización abusiva de los programas sociales tuvieron poco eco en el IEEM y de manera más preocupante en el INE, que literalmente se desentendió. El tema rebasa la inducción electoral y política; el uso indebido de los programas sociales con fines electorales se plantea también como un dilema ético porque, ahí, hay niveles de perversidad social y estrategias que degradan aún más la condición de sectores excluidos.
En relación con lo anterior, conforme se acercaba la jornada electoral y las encuestas mostraban un empate técnico, las estrategias por parte del gobierno y del PRI se endurecieron al grado de rebasar el concepto de guerra sucia para recurrir a métodos empleados por los cárteles del crimen organizado. Hubo durante todo el proceso denuncias de Morena por actos de hostigamiento a sus militantes. Al acercarse el día de la votación, hubo acciones de intimidación graves. En sedes partidarias y algunos lugares donde se instalarían las casillas se tiraron cabezas de cerdo; se pegaron pósters grandes, falsamente firmados por el IEEM, en los que se “recomendaban” medidas de seguridad en caso de presentarse una balacera. En aparatosos operativos policías municipales, a bordo de grandes camionetas con torretas encendidas, repartieron citatorios falsos de la FEPADE a ciudadanos funcionarios de casilla y representantes de los partidos. El hecho ameritó un desmentido del titular, Santiago Nieto, quien tuiteó: “Son falsos los citatorios que se están distribuyendo a representantes de partido firmados a mi nombre. ¡Denuncien!”.
También hubo cientos de llamadas intimidatorias a funcionarios de casillas. ¿Cómo obtuvieron sus números telefónicos? El terrorismo electoral consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno o un partido para inducir o sembrar terror e inhibir o condicionar el voto entre la ciudadanía. Habría que sumar las campañas públicas para desorientar al electorado, como los supuestos espectaculares del PT y la campaña mañosa para donar sangre a unos días de la elección usando espectaculares tramposos muy parecidos a los del PRI.
Todos estos comportamientos ilícitos fueron documentados y calificados por la asociación Ni un Fraude Más y en su didáctico informe se pueden constatar más de 600 anomalías reportadas.
El texto del exconsejero Norberto López Ponce titulado “El terror electoral en la elección mexiquense 2017” –ensayo contenido en este mismo libro- sostiene que el laboratorio mexiquense de la violencia tuvo un impacto efectivo en el ánimo de la ciudadanía a la hora de emitir su voto o de participar en las casillas en ciertas regiones de la entidad. Los resultados en las casillas y un análisis comparativo permiten sustentar dicha hipótesis. Sobre todo en los distritos donde las encuestas favorecían a la oposición. Sin duda, el terrorismo electoral inhibió la participación de ciudadanos funcionarios de casillas: 20.47% de las casillas, es decir, 3 mil 808, tuvieron al menos un funcionario tomado de la fila. Estamos hablando de que cerca de 5 mil 386 funcionarios fueron tomados de la fila, lo que equivale a 7.23% del total de los funcionarios de casilla. Para algunos consejeros generales del INE, este hecho no fue grave, ya que se redujo la sustitución respecto de la elección anterior.
Bajo este tenor, el consejero Ciro Murayama refutó una declaración que hice a la revista Proceso sobre la preocupante sustitución de funcionarios de casillas. El consejero objetó que en la mayoría de las que registraron sustitución, ganó la candidata Delfina Gómez, por lo que “no dañó de modo alguno” el rumbo de la elección; sin embargo, pasó por alto que la mayoría de las casillas donde se tomó al menos a un ciudadano de la fila se concentraron en zonas donde Morena era fuerte. Por probabilidad, el resultado era obvio. Si el fenómeno de las sustituciones se hubiera presentado en todo el territorio, el argumento de Murayama tendría validez. Pero no fue así, las sustituciones se centralizaron en Tlalnepantla, Ecatepec, Zumpango, Atizapán y Chalco; en los dos últimos hubo una diferencia mínima entre los principales contendientes. Dicho de otra manera, si las sustituciones fueron un accidente disperso en la totalidad de la geografía distrital, el reproche de Murayama sería correcto, pero las sustituciones se concentraron en zonas donde la oposición era robusta. Por tanto, el consejero Murayama peca de inocencia, inadmisible porque no es un fenómeno nuevo ni original, o no le pasaron bien la información. De tal manera que solicité revisar nuevamente la aseveración del consejero. Aquí hubo un operativo montado, como en otros procesos. No se está descubriendo el hilo negro, pero tampoco se puede tapar el sol con candidez.
Actuación sesgada del Instituto Electoral del Estado de México
Desde que se fundó en 1996, en sustitución de la escabrosa Comisión Estatal Electoral que dependía de la Secretaría de Gobierno del estado, el IEEM ha estado subordinado a los poderes locales. La integración de un consejo ha estado marcada por cuotas partidarias y pactos en la legislatura local. El IEEM ha padecido una sumisión política crónica al servicio del gobernador en turno. Es botín de los partidos políticos y foco recurrente de escándalos que son espejo del nivel de la cultura política autoritaria mexiquense y sus altos niveles de corrupción.
Los partidos de oposición tienen una cuota de responsabilidad en el desprestigio del sistema electoral mexiquense. Han permitido, validado y se han dejado consentir por un modelo torcido basado en la simulación. En la política de la forma, la corrupción es norma imperante tan subterránea como real. El poder formal es depositado en los consejeros mientras el poder real descansa en la Secretaría de Gobierno del estado. Los acuerdos que ésta va entablando con los partidos son las definiciones clave que pasan por encima del órgano electoral. La operación y el manejo de los recursos financieros se asientan bajo el control total del sistema. El secretario ejecutivo Javier López Corral, desde hace diez años, es el hombre de toda la confianza del partido. Este control es efectivo, metaconstitucional y expresa la perversidad política del poder.
La representación de los consejeros ciudadanos es una impostura mediática. Hacia abajo -en la estructura de las juntas distritales, vocales, capacitadores y consejeros ciudadanos-, la lógica es la misma. Ahí es donde la maquinaria del partido se deja sentir con mayor fuerza, pues es la única con presencia real en toda la geografía mexiquense y cuenta con una estructura de cuadros que le da preeminencia territorial tanto en el IEEM como en el INE. Aquellos consejeros que salen del script, como el que esto escribe, son cooptados o, en su caso, acosados; reciben amenazas que pueden tener costos profesionales, así como intimidaciones en la seguridad personal y familiar.
A lo largo de 22 años, el instituto ha experimentado crisis internas que han llegado a cimbrar el sistema político de la entidad. En febrero de 2003, María Luisa Farrera Paniagua –presidenta del consejo- sufrió un atentado en las instalaciones del instituto. El entonces procurador Alfonso Navarrete Prida calificó el episodio como “autoatentado”, y la presidenta fue retirada del cargo. En 2004, los consejeros se vieron involucrados en nuevos escándalos por el dispendio económico tanto en el cobro de bonos millonarios como en derroches para la construcción del edificio sede, rebasando el presupuesto original en más de 120 millones de pesos.
Sin embargo, el ejemplo más notable fue la crisis de corrupción del llamado “caso cartonera plástica”. En mayo de 2005 estalló un escándalo mayúsculo a tan sólo siete semanas de la elección de gobernador. El estrépito se desató al descubrirse un sobreprecio de los materiales electorales que involucraba a funcionarios electorales y actores del propio gobierno. La podredumbre de la corrupción alcanzó a los mismos consejeros, quienes fueron obligados a renunciar. Entre ellos, destaca el mencionado Bernardo García Cisneros, quien fue una especie de cacique electoral con gran poder en el instituto. No obstante, su descrédito, el sistema recicló a García Cisneros y reapareció como alto funcionario en el video de operación electoral en Chalco que hemos relatado arriba. En dichas crisis vemos constantes: mucho dinero en juego, corrupción y subordinación política.
El IEEM en tanto territorio colonizado posee muy poca credibilidad ciudadana. Sus decisiones han sido siempre cuestionadas y no goza de la confianza ni de los actores políticos ni de la opinión pública. Esta condición determina que su autoridad esté mermada y sea blanco de constantes descalificaciones.
Hay una falla de origen en la conformación de todos los órganos electorales que consiste en que cada uno de los consejeros es parte de una cuota de partidos. El PRI siempre lleva mano durante el proceso electoral; en la actualidad, el consejo del IEEM es dominado abrumadoramente por ese partido. Consejeros leales al sistema, con desmesurada ambición carrerista, se convierten en consejeros de consigna. Uno ya sabe qué van a votar, qué van a vetar y cómo se van a comportar. Asimismo, los directores y la estructura operativa son en su mayoría posiciones leales al partido en el gobierno.
El principal deber de los institutos electorales en los procesos es facilitar la organización y la plena participación ciudadana en la emisión del voto. La democracia supone procesos electorales libres, transparentes y equitativos, todo ello sujeto a las normas electorales establecidas. En unos comicios democráticos, el papel de las estructuras electorales es definitivo. La mayor fortaleza de los institutos electorales son la credibilidad y lo que Francis Fukuyama llama la “confianza social”. Cuando ésta se pierde, se erosiona la autoridad, que es la mayor fortaleza que debe tener todo el árbitro electoral.
La jornada del 4 de junio de 2017 deja muchas interrogantes sobre la probidad del consejo del IEEM. Máxime cuando los resultados fueron tan apretados, cualquier irregularidad adquiere relevancia por pequeño que sea. Los sesgos y las omisiones del árbitro irritan especialmente por la forma en que los aparatos de gobierno han intervenido de manera arbitraria en el proceso. Sí, la indebida corrupción, abierta y velada, ha vulnerado el espíritu de la competencia electoral ante la negligencia y pasividad de las autoridades. Éste fue el punto de quiebre. Los ánimos se encresparon debido a la parcialidad del árbitro electoral mexiquense. A partir de ahí, diferentes actores y analistas pusimos bajo sospecha su actuar por exhibir en los hechos falta de imparcialidad e independencia frente al poder; su actuación y los hechos concretos pusieron en tela de juicio su autonomía e incluso su honestidad se cuestionó.
De manera muy sucinta, enumeramos alguno de los desaciertos del IEEM durante el proceso electoral 2017:
a) Mucho dinero para el árbitro electoral. Con 70% menos de responsabilidades respecto de otros procesos el IEEM solicitó a la legislatura un altísimo presupuesto que rondó los 2 mil 350 millones de pesos.
b) Topes de campaña históricos. El consejo aprobó los topes de gastos de campaña millonarios, lo que resultó ser un acto anticonstitucional, pues el congreso local no aclaró la nueva fórmula de la reforma de 2014; el tope se disparó a 285 millones de pesos, la cifra más alta en la historia de las elecciones locales en todo el país.
c) Desincentivación del voto. Contra el mandato, el IEEM no realizó una estrategia para incentivar la participación ciudadana. A tres semanas de la elección, 70% de los ciudadanos no sabía con precisión el día exacto de la jornada electoral.
d) Dudoso registro de candidatos independientes. Ante los dos candidatos independientes, el IEEM exhibió falta de exhaustividad y certeza en el cotejo de las firmas en las cédulas de respaldo. Miles de cédulas fueron llenadas con la misma tinta y, al parecer, con la misma mano. Sólo el consejero Gabriel Corona votó contra el acuerdo, a contracorriente de sus compañeros, argumentando que revisó 2 mil 387 cédulas de respaldo y encontró graves inconsistencias. Ninguno de los demás consejeros tuvo la iniciativa de revisar las cédulas y no sólo validaron un proceso inadecuado, sino que desdeñaron los requerimientos de omisión que casi todos los representantes de los partidos políticos reclamaron. Por supuesto, el tribunal rechazó el acuerdo y solicitó reponer el proceso con rigurosidad. Hubo trama; tan sólo a Isidro Pastor le rebotaron 40 mil firmas de personas que no existían. Qué pasó: tomaron una lista nominal en el mercado negro y con ella, a mano, llenaron las cédulas. El episodio costó 25 millones de pesos, porque a pesar de que el tribunal ordenó parar la impresión de boletas, hubo que hacer una nueva impresión de más de once millones de boletas sin el nombre de Pastor, en un oscuro proceso de adjudicación directa con la misma empresa que hizo su agosto con dos impresiones. ¿Hubo una consigna de arropar a Isidro Pastor y a la otra candidata independiente, Teresa Castell? ¿Por qué se le retiró el apoyo de su antiguo operador priísta?
e) Sospechoso PREP a la antigua. El PREP es un instrumento para dar a conocer, de manera preliminar los resultados de las elecciones, no ofrece resultados definitivos ni concluyentes; sin embargo, proporciona información oportuna sobre el sentido del voto y contribuye a estabilizar las expectativas de los actores políticos, los medios y los ciudadanos. Resulta difícil entender la cerrazón del IEEM para operar el PREP – casilla, el cual incorpora los adelantos tecnológicos más avanzados para dar información certera casi en tiempo real. Mediante teléfonos inteligentes y un programa, al tomar una foto al acta de escrutinio de manera automática se carga la información a la gran base de datos dando resultados inmediatos. No entendemos la resistencia para utilizar innovaciones.
f) Aburridos debates. El IEEM no tuvo imaginación política y se sometió a los caprichos de los partidos al haber diseñado acartonados debates políticos que defraudaron a la ciudadanía, la cual siguió con decepción los debates en diversas plataformas. Tuvo la oportunidad de realizar cambios para el segundo debate, pero volvió a ceder y no permitió modificaciones ni mejoras que propusieron tanto el PRD como el PT. Ante la negativa del PRI y de Morena, el segundo debate resultó aún peor.
g) Comportamiento errático en el conteo de votos. Fallas documentadas en cada uno de los ensayos del PREP y simulación del conteo rápido. Se prometió realizar el conteo rápido con el resultado de mil 800 casillas y finalmente no llegó a mil 300. ¿Por qué no se respetó lo anunciado y se adelantó la difusión del resultado del conteo rápido? La fatídica noche del 4 de junio, ante resultados tan apretados, el presidente del consejo del IEEM -Pedro Zamudio- se atrevió a declarar que “la diferencia [era] significativa” a favor de Del Mazo. La prensa gobiernista magnificó la declaración. Los cuestionamientos al encuadre del trinomio conteo – PREP – cómputo vienen de los señalamientos del consejero Gabriel Corona, quien en este libro documenta con detalle las anomalías que buscaron ajustar artificialmente un resultado que favorecería a Alfredo del Mazo.
h) El presidente del IEEM se niega a abrir paquetes electorales. Para el cómputo distrital se anunció la apertura de 5 mil paquetes, y los abiertos no llegaron ni a 3 mil, pese a que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, declaró que para mayor certeza deberían abrirse los paquetes necesarios. ¿Cuáles fueron las razones para no hacerlo? En declaraciones a la prensa, Pedro Zamudio fue enfático: “No vamos a abrir paquetes porque alguien lo haya pedido o porque circulen videos en Internet”.
El descrédito del IEEM fue generalizado ante un espeso manto de sospechas. Con tantos desaciertos se hizo notar; en Twitter decenas de usuarios convirtieron la etiqueta #FraudeElectoral en trending topic que ocupó el primer lugar nacional y metropolitano al día siguiente de la elección. Frente a las críticas en las redes sociales, la consejera Palmira Tapia las puso en cuestión y reprobó públicamente la “posverdad” y las “verdades alternativas” que circulan en las redes.
En suma, el IEEM es parte de la elección de Estado en el proceso de 2017. Dicho de otra manera, la elección de Estado requiere de un árbitro electoral a modo. La mayor parte de los consejeros fueron la expresión de la regresión electoral, cuya sombra acecha la elección de 2018.
Segunda de tres partes
