Las elecciones de 2018 empezaron en el Estado de México. En nuestra democracia jaloneada, lo electoral se está convirtiendo en un espacio dominado por la desatada codicia del poder. Ganar a toda costa, sin importar cómo. Las formas y los principios se desdibujan para mantener el poder de una camarilla o una persona.
El infierno electoral, es una publicación coordinada por Bernardo Barranco, en la que participan con su autoría varios exconsejeros electorales y académicos especialistas en democracia, quienes analizan diferentes aristas sobre lo que consideran incursiones ilícitas del partido en el poder y de todo el aparato de Estado con la finalidad de modificar e inducir la orientación del voto ciudadano. En otras palabras, de acciones y estratagemas dolosas, acompañadas de un doble discurso, tendientes a sujetar el poder mediante incursiones políticas ilícitas.
Con autorización del autor, publicamos en Plana Mayor uno de los capítulos que integran esta publicación, en la primera de tres partes, que incluye un análisis de la elección de 2017, la complacencia de las autoridades gubernamentales y electorales; además de una prospectiva de lo que se espera para las elecciones presidenciales de este año.
Regresión, corrupción electoral y
desdibujamiento institucional
Bernardo Barranco
INTRODUCCIÓN
Las elecciones celebradas el 4 de junio de 2017 en Coahuila, Nayarit, Veracruz y especialmente Estado de México marcaron el inicio del proceso de sucesión presidencial hacia 2018. La elección para gobernador en el Estado de México alcanzó niveles épicos equivalentes a unos comicios presidenciales. La gravitación del resultado incidía en el reacomodo político de cara al 2018; por ello se avivó el interés de la clase política y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) atrajo el interés de la opinión pública. El PRI llegaba mermado después de las estrepitosas derrotas de 2016. Los niveles de aceptación e imagen de la gestión presidencial comparecían muy deteriorados.
La marca de la corrupción es un estigma fatal y sello vergonzoso de la administración de Enrique Peña Nieto. Por ello, el bastión mexiquense –propiedad del llamado Grupo Atlacomulco desde hace cerca de 90 años- parecía llegar a su fecha de caducidad. La elección de 2017, por tanto, era estratégica, su resultado permitía medir la fuerza real del partido en el poder en su propio bastión histórico. El Estado de México no sólo es el refugio político del priísmo mexiquense, sino también el territorio de inmensos negocios que ahí detenta el grupo en el poder. Dicho de otra manera, el llamado Grupo Atlacomulco no sólo es una red de políticos y familias que han reinado en el Estado de México por generaciones, también han construido enclaves económicos y financieros poderosos. Las investigaciones de Francisco Cruz muestran los vínculos y la mimetización entre empresarios políticos y políticos empresariales. Es decir, los usos mercantiles del poder político cuyo pivote ha sido el gobernador en turno al direccionar los enormes presupuestos asignados a la entidad.
Además, el Estado de México representa casi 14 por ciento de la lista nominal del país, por lo que es la entidad con el mayor peso electoral. Por ello, las repercusiones inmediatas en la clase política eran palpables. El resultado electoral, cualquiera que fuera, obligaría a reacomodos de cara a las elecciones de 2018. Así pues, el territorio electoral mexiquense se convertiría en un espacio político de batalla estratégica que iba más allá de la entidad. Para el grupo en el poder, perder la entidad era el hundimiento político del sexenio. Impensable perderlo; habría que ganarlo a cualquier costo y con todos los medios a su alcance para evitar el cataclismo. Los medios de comunicación, nacionales e internacionales, intuyeron lo que estaba en juego; se instalaron en la entidad para seguir paso a paso las incidencias del proceso como nunca antes lo habían hecho en la historia de la entidad. Pudieron corroborar los excesos de los gobiernos federal y estatal en los comicios mexiquenses. Las amplias coberturas mediáticas demostraron a escala nacional las prácticas fraudulentas de los gobiernos mexiquenses municipales y estatal que recordaron al viejo priísmo autoritario del siglo pasado. De costa a costa se puso en evidencia la parcialidad institucional, así como la omisión y la falta de autonomía de las autoridades electorales. Los comicios mexiquenses mostraron claros signos retrógrados: mucho dinero, politización de programas sociales, de autoridades públicas, pasividad de estructuras electorales, compra y coacción del voto. Incluso la manipulación de la candidatura independiente de María Teresa Castell fue utilizada para golpear, contener a otros partidos contendientes y dispersar aún más el voto. Paradoja de una nueva figura en las elecciones que reproduce rancios vicios del poder.
La elección del Estado de México es una muestra emblemática de regresión e impunidad que perfila un preocupante proceso electoral para 2018, el cual se antoja neurálgico y complejo. Las elecciones mexiquenses de 2017 han sido un antecedente de la intención del gobierno de Peña Nieto de ir con todo, utilizando viejas argucias y prácticas atrevidas. Métodos que rayan las fronteras de transgresión legal y atropellan la ética política. Sin embargo, son toleradas bajo el disimulo de las autoridades electorales tanto del INE y sobre todo del IEEM. Actitud peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados.
Elección de Estado
Un video clandestino muestra al presidente municipal de Valle de Chalco y a José Bernardo García Cisneros, entonces presidente de la Junta local de Conciliación y Arbitraje de Toluca, actuando en plena operación electoral ante un auditorio repleto, con al menos 300 operadores electorales. Estamos en la elección para gobernador de 2011, en la que el PRI se jugaba no sólo la gubernatura para Eruviel Ávila, sino la antesala de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. El funcionario de Toluca es exhibido -se ve en las imágenes- dando instrucciones, articulando a las secciones del partido con los funcionarios del municipio y maestros de la zona. García Cisneros motivaba y explicaba metas, cadenas de mando, enlaces con las dependencias estatales y las estructuras magisteriales a fin de canalizar la asistencia y la entrega de apoyos “cuadra por cuadra” a los beneficiarios de programas sociales. En suma, comprar voluntades políticas entre la población más necesitada.
¿Quién es José Bernardo García Cisneros? Antes de trabajar en la Secretaría del Trabajo en Toluca, fue un alto funcionario electoral, director general electoral del mismo, cargo al que tuvo que renunciar en 2005 de manera dramática por su involucramiento en el caso de corrupción electoral llamado “cartonera plástica”. Como muchos funcionarios electorales leales al sistema, fue premiado con un nuevo cargo en la administración en la entidad.
Volvamos al polémico video. Ante las denuncias del PRD y del PAN, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) resuelve que los videos no son pruebas fehacientes, que no se violentó la ley electoral y los agravios fueron infundados. Sectores de la prensa en Toluca defendieron al funcionario de las acusaciones calificadas de calumniosas.
El episodio nos muestra el indebido involucramiento del gobierno del estado en los procesos electorales, el cual trasgrede la normatividad y, los principios electorales. A lo largo de décadas así ha sido, todos lo sabemos. Amparado por los tribunales y las autoridades electorales, así como cobijado por los medios de comunicación, el gobierno mexiquense históricamente ha estado interviniendo y manipulando las elecciones. De manera contrastante, mientras en los años noventa en el país, a nivel federal, se opera un proceso de reingeniería y apertura electoral, en el Estado de México, por el contrario, persisten las viejas prácticas de operación y fraude electoral. Mientras en el IFE adquiere una mayor independencia y autonomía, de manera inversa, en la entidad mexiquense la nomenklatura política mantiene prácticas alevosas para incidir en los resultados electorales. En la cultura política de la forma, en el Estado de México queda vigente lo que González Casanova llamó la “civilización-salvaje” y los “comportamientos políticos de una occidentalidad tropicalizada”. Éste es el retraso de la clase política mexiquense.
Después de los comicios de 2017, diversos analistas y partidos de oposición se refieren a una “elección de Estado”, pero la expresión suscita una sensación de insuficiencia. No basta afirmar que la “elección de Estado” es aquella en que varios candidatos y partidos de oposición enfrentan la fuerza del aparato del Estado. Por ello, “elección de Estado” dice mucho y nada. Es un concepto político que, a fuerza de repetirse, se vuelve impreciso y pierde contenidos, tiene una vieja carga histórica del sistema político mexicano del siglo pasado y, por tanto, no expresa con precisión los procesos actuales. El atascamiento electoral y las regresiones nos llevan a reciclar viejos conceptos que se creían perdidos en el panteón de nuestros anacronismos. Una de ellas es la elección de Estado como práctica recurrente del viejo PRI, aunque no exclusiva, bajo el régimen del partido único y de la presidencia imperial.
Elección de Estado es un concepto que se ha desgastado con el tiempo -heurístico diría la hermenéutica-; por ello debe recrearse. Desde los años cuarenta hasta casi los noventa, la elección de Estado se refiere al sistema autoritario de la “familia revolucionaria” del siglo pasado. Se circunscribe al presidencialismo absoluto retratado por Cosío Villegas, en el que el candidato del presidente saliente era el “ungido” como un nuevo mesías al que el sistema le rendía pleitesía y ponía a su alcance todos los recursos del aparato gubernamental. La elección era una metáfora porque era el “bueno”, el elegido. Hasta fines de los años ochenta, la lucha electoral real no se jugaba en las urnas, sino al interior del partido. Las elecciones eran un protocolo de fingimientos, de acarreos y simulaciones; el sistema se reacomodaba no a partir de la voluntad de voto, sino de los acuerdos y pactos políticos del grupo de poder que compartía con el presidente la conducción del país. Sin oposición fuerte y elecciones controladas, había un manto de privilegios que envolvía al candidato todopoderoso.
Cuando hablamos de elección de Estado en el Estado de México, en la actualidad, nos referimos a la transformación o transfiguración de toda la estructura de gobierno en aparato electoral. En la conversión del armazón del gobierno en una poderosa maquinaria electoral perfectamente organizada, coordinada y articulada con el solo fin de favorecer al candidato oficialista. Cada integrante del gabinete se convierte en activista de la campaña del partido en el gobierno. Hay una división territorial y temática precisa entre los secretarios y subsecretarios con toda la estructura de las dependencias del gobierno local. La pirámide burocrática del gobierno se convierte en un gabinete mapache.
Una de las novedades en este proceso electoral 2017 fue el involucramiento de altos funcionarios federales en el proselitismo mexiquense. No era para menos, se jugaba la reconfiguración del partido de cara al 2018. Raymundo Riva Palacio lo describe así:
La elección del Estado de México fue, para todos los efectos, una elección de Estado. El presidente Enrique Peña Nieto responsabilizó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles, como el enlace del gobierno con la campaña de Alfredo del Mazo, que tuvo este domingo un despliegue del gabinete legal y ampliado en tierras mexiquenses. El secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda, fue enviado a la zona de Valle de Bravo, donde hay un alto número de programas sociales. El de Salud, José Narro, a Ecatepec. En los municipios conurbados de la Ciudad de México trabajaron la llamada ‘ruta de la leche’, bajo el mando del director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien desde las seis de la mañana trabajó con el padrón de los beneficiarios de la leche gubernamental. Margarita González, la operadora electoral de Robles, lo apoyó, junto con el director del ISSSTE, José Reyes Baeza, que se concentró en Neza. El gabinete estuvo trabajando todo el día, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, le fue pasando al presidente la información de cómo se iba comportando el electorado. El despliegue federal se encaminaba al objetivo buscado, y coronó la ofensiva más agresiva, por masiva y sistemática que se recuerda en una elección mexicana, en contra de una candidata (o candidato), como fue el caso de la cruzada contra Gómez, con lo cual se intentó compensar los negativos de Del Mazo y los pesados lastres que arrastraba, en gran parte con el descrédito de Peña Nieto.
Hay mucho dinero en efectivo cuya procedencia es poco clara. Dinero en abundancia cuyos orígenes son dudosos. Puede venir tanto del erario y de empresas aliadas como ser dinero sucio, presuntamente del crimen organizado. Asimismo, puede tratarse de inconmensurables recursos de los aparatos de gobierno e infraestructura logística de empleados, vehículos, información y equipos humanos y técnicos contratados. La utilización de los programas sociales en la compra y coacción del voto en las zonas y población de mayor pobreza es un buen ejemplo de cómo todo el aparato interactúa de manera coordinada. Contraviniendo el espíritu de la Carta Magna –el artículo 134 constitucional-, el congreso local aprueba el 30 de marzo de 2017 que 63 programas sociales y asistenciales -de un total de 90, es decir, 70% de los programas- pudieran desplegarse en el estado aun dentro de los 30 días previos a la jornada electoral. La mayoría priísta en la cámara se impone pese a las objeciones de la oposición. Los programas sociales locales y federales se convierten en un instrumento electoral. Esto propicia la presencia masiva de altos funcionarios y beneficios sociales a gran escala que vulnera los principios de toda elección. Dicha operación, en beneficio y promoción del voto en favor de Alfredo del Mazo. Ante los señalamientos críticos de la prensa y de la opinión pública, el consejo del IEEM se hace guaje y actúa con tibieza pasmante, en ese tenor, el consejo general del INE da la impresión de que se desentiende, como Pilatos, se lava las manos. Los tribunales electorales son complacientes ante tal descaro y ahí está el resultado. Las personas en condición de pobreza no sólo votan por el candidato del PRI, sino que el grado de participación electoral, en las zonas rurales más pobres, es tan alto en niveles de asistencia a las urnas que Suiza lo envidiaría. Para la elección del Estado, el ejemplo de uso político de los programas sociales es más que evidente, supone la concurrencia de diversas instancias para arropar acciones que operan con alevosía política.
La elección de Estado supone la confluencia no sólo del aparato de gobierno local y federal, sino municipal; también del congreso, así como la docilidad de los órganos electorales, incluyendo los tribunales. Supone el apoyo de empresas y empresarios que soportan recursos o logísticas; por ejemplo, transporte, bodegas, propaganda, etcétera. Asimismo, la participación de las policías estatales y municipales. La elección de Estado utilizó en el Estado de México métodos del crimen organizado, como falsos citatorios de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), amenazas telefónicas, cabezas de cerdo en sedes partidarias y casillas electorales, coronas funerarias, volantes amenazantes lanzados desde un helicóptero en actos públicos, levantones de activistas de la oposición y la complicidad de muchos medios de comunicación que informaron de manera parcial y sesgada. Todos estos métodos violentos fueron calificados como “terrorismo electoral”.
Frente a un esquema de intervención gubernamental tan apabullante, no hay equidad posible. O resulta muy cuesta arriba cualquier alternativa electoral. Cada una de las estrategias, como la pulverización del voto, los candidatos supuestamente independientes, la compra descarada de actores de oposición o alentar una falsa oposición, entre otras, resultan acciones relevantes en el cómputo final, sobre todo en una contienda tan competida.
La elección de Estado, en suma, es el desdoblamiento de gobierno en una omnipotente casa de campaña electoral, el término por tanto requiere ser resignificado. Porque sus iniciativas burlan, trampean y transgreden las leyes electorales y los principios éticos elementales e la competencia por el poder. Son estrategias temerarias amparadas bajo el cobijo de autoridades sesgadas que provocan encono y múltiples denuncias en las redes sociales. Son una provocación a la paz social y a la democracia de México. La elección de Estado, por tanto, es una regresión política peligrosa, sobre todo cuando los resultados tienden a ser ajustados, pues propician crispaciones poselectorales que agravan y vulneran la línea de estabilidad social.
Algunos analistas veteranos dirán que todo esto ya está visto desde hace 30 años, un dejà vu. Entonces, ¿México no ha avanzado en sus procesos electorales? o ¿tenemos claros signos de regresión a viejas prácticas electorales?
Demasiado dinero y el llamado Grupo Atlacomulco
Es incontable el dinero del erario y la gran cantidad de dinero sucio que se movió en las elecciones de 2017. Resulta muy difícil demostrar las cantidades que se manejaron en la elección para gobernador porque imperaba la opacidad del aparato. Ya en las pasadas elecciones, sin excepción, el mayor reclamo era el derroche en la utilización de recursos económicos destinados a la compra y coacción del voto. Dichas acciones contravienen lo establecido por la normatividad y los lineamientos electorales. En secrecía y amparado en el cobijo gubernamental, es muy difícil establecer los montos precisos utilizados en las elecciones de 2017.
La maquinaria tiene oficio para disimular y evaporar los movimientos ilícitos no sólo del erario, sino de empresas afines al grupo en el poder y, como han referido varios autores, incluso del crimen organizado. Se manejan miles de millones de pesos. El movimiento político Ahora denunció, a través de redes, supuestos contubernios millonarios entre la empresa OHL, Grupo Higa y San Román con los gobiernos mexiquenses para mantener el poder en la entidad. El llamado ciclo consiste en haber usado el poder público desde 2002 para obtener dinero que ha permitido financiar ilegalmente campañas electorales y perpetuarse en el poder. El movimiento Ahora -encabezado por Emilio Álvarez Icaza y Alfredo Figueroa- sostiene que se trata de un desfalco por un monto que ronda los 90 mil millones de pesos en un arco de tiempo de 15 años, cuya finalidad -entre otras- ha sido fondear campañas electorales oficialistas.
Hay muchas historias subterráneas que rayan en la fantasía cuando se refieren a dinero en los procesos electorales. Sin embargo, al conocer el origen y la evolución casi dinástica del grupo en el poder mexiquense, las denuncias cobran sentido. Nos referimos al llamado Grupo Atlacomulco que ha detentado el poder en el Estado de México por casi 90 años, con sucesiones y vínculos de sangre, como es el caso de Alfredo del Mazo Maza, tercera generación de su familia en el poder y del grupo. Como hemos señalado, la política en el Estado de México no sólo es un engranaje político de poder, sino que involucra negocios ventajosos altamente rentables. Si usted piensa que se exagera, sólo le doy un dato revelador: un día después de la elección mexiquense, en la bolsa de valores subió 5.6% la cotización de las acciones de la empresa OHL, que se ha caracterizado por ser aliada histórica de los gobiernos priístas en el Estado de México y ahora a nivel federal con Peña Nieto.
Siguiendo la filosofía del profesor Carlos Hank González (1927-2001), ícono del Grupo Atlacomulco, hay una tenue línea entre la política y los negocios, entre empresarios y actores políticos, entre el poder y el dinero. El Grupo Atlacomulco es una escuela de hacer fortunas con la política, el eje ha sido el uso del poder político para beneficios económicos y del poder económico para fines políticos. Dicho ejercicio sólo es posible desde la complicidad y una férrea disciplina en torno al gobernador en turno. Digámoslo de otra manera, el Grupo Atlacomulco es más que una camarilla de políticos priístas; es una vasta red de intereses económicos, financieros y empresariales. Hay una rotación beneficiosa de roles, las funciones se circulan. Así, la posibilidad de que prevalezca el grupo de poder es la oportunidad de hacer negocios vinculados al erario. El mismo Carlos Hank González es el paradigma del grupo: amasó una descomunal fortuna personal utilizando sus distintos puestos en el gobierno y usó esa riqueza para conseguir espacios de poder político para él, sus incondicionales y sus hijos.
La frontera entre el poder y el dinero es gaseosa. Aunque todos niegan la existencia de dicho grupo, los hechos en la realidad y la historia reciente lo corroboran. Las cabezas han sido los gobernadores, desde Isidro Fabela hasta Peña Nieto, pasando por Alfredo del Mazo González, Emilio Chuayffet, César Camacho, Arturo Montiel, Ignacio Pichardo Pagaza, Mario Ramón Beteta y Jorge Jiménez Cantú, entre otros. Precisamente, César Camacho reconoció que esta forma de hacer política es “buena para todos”, y refutó la expresión, ya que más bien se refiere a un modo particular de hacer política, en el que la regla de oro es que la autoridad del gobernador es incuestionable. Así lo planteó:
A veces la mención del Grupo Atlacomulco trae consigo un dejo de conspiración, de secretismo, de protección de intereses inconfesables o turbios. No hay tal grupo. Lo que hay es un estilo de hacer política, no porque no haya conflictos o diferencias, sino porque los dirimimos de una manera diferente. ¿Cómo? Los políticos nos ceñimos a las reglas legales, escritas y no escritas, con el mismo escrúpulo. Los resultados positivos son los que nos dan la razón, son los que nos dicen que haber adoptado este estilo de hacer política es bueno para todos.
Peña Nieto eligió al candidato más aristócrata del Grupo Atlacomulco y de la generación de los Golden boys. Alfredo del Mazo Maza proviene de una dinastía política de padre y abuelo gobernadores. Uno de los peores candidatos que arrastró el desprestigio y la erosión de la imagen del gobierno federal.
Cuando el grupo se agrieta y entra en conflicto interno, los ataques se centran en acusaciones de acopio de fortunas mediante peculado. E caso más sonado fue la filtración de Roberto Madrazo contra Arturo Montiel que mostró la “riqueza personal inexplicable” del político. En plena lucha por obtener la candidatura presidencial en 2005, Madrazo dio un golpe mortal que acabó con las aspiraciones de Montiel, a quien balconeó por realizar “depósitos ilegales” de 35 millones de pesos. Por supuesto, la contraloría -bajo la gubernatura de Enrique Peña Nieto- “no encontró” elementos probatorios y Montiel fue exonerado y arropado por su sucesor en la gubernatura mexiquense; sin embargo, su carrera política estaba arruinada.
Otro caso sonados fueron las filtraciones recientes sobre la extraordinaria fortuna de José Manzur Quiroga, el secretario de Gobierno en la administración de Eruviel Ávila. Manzur declaró poseer más de 80 millones de pesos en propiedades; además los ostenta, en particular, un rancho con lago artificial y un pequeño zoológico, propiedades también vinculadas al grupo Higa; en el rancho se encuentra una caprichosa colección de más de 100 vehículos marca Ford Mustang, estacionados en una inmensa bodega construida ex profeso.
La abundancia de dinero no se da sólo en la operación de la compra e inducción del voto, sino en la asignación presupuestal a las propias instancias electorales. En relación con el financiamiento a las instituciones electorales como el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) y el IEEM, las cantidades son excesivas. Tomemos el ejemplo de este último, que en agosto de 2016 presentó un presupuesto a la Legislatura local de 2 mil 346 millones de pesos, de los cuales poco menos de mil millones fueron para los partidos. El abultado presupuesto desproporcionado, como si aún tuviera todas las atribuciones generales antes de la última reforma, es decir, la totalidad de acciones y responsabilidades del conjunto del proceso electoral que ahora ejerce el INE. Recordemos que desde 2014 las funciones del instituto local se redujeron a 70%. Comparando, en 2005 el IEEM gastó en las elecciones para gobernador mil 725 millones de pesos; en 2011, mil 650 millones de pesos, y en 2017 dio un salto sospechoso a 2 mil 71 millones de pesos en presupuesto aprobado por la legislatura.
La mayor parte del presupuesto se va en salarios; sin embargo, hay muchos rincones oscuros en el manejo de los recursos del instituto. A esto hay que sumar el dinero destinado a los tribunales estatal, regional y federal, a la FEPADE y, por supuesto, al INE, que tiene montada en el Estado de México una robusta estructura permanente de 45 juntas locales y una delegación estatal en Toluca. Siendo México un país con tantas carencias y pobreza, ¿vale la pena gastar tanto dinero en los procesos electorales? ¿La democracia electoral tiene que ser costosa ante resultados tan cuestionados?
Primera de tres partes
