Redacción
Toluca, Edomex. 1 de julio de 2015.- A un año de la masacre de 22 presuntos criminales en Tlatlaya por parte de fuerzas militares, y ante un eventual encubrimiento de autoridades mexiquenses, este miércoles la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal en contra de siete policías ministeriales de dicha institución, por su probable responsabilidad en el delito de tortura, por hechos posteriores a las ejecuciones extrajudiciales.
En un comunicado de medios, la PGJEM admitió que dicho ejercicio de la acción penal es resultado de la Recomendación 51/14 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de otra denuncia que la Procuraduría mexiquense había iniciado de oficio el 30 de septiembre de 2014.
La Procuraduría General de Justicia de la entidad informó que un juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, misma que fue cumplimentada y dichos elementos ingresados al penal estatal de Santiaguito en Almoloya de Juárez, donde se determinará su situación legal.
En tanto, en el caso de los tres elementos restantes la orden de aprehensión está en proceso de ser otorgada por la autoridad judicial.
De acuerdo a la indagatoria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México se acreditó que los policías ministeriales habrían maltratado física y psicológicamente a las 3 víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de estos con un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.
Como resultado de diversas diligencias, las víctimas reconocieron a los agentes ministeriales señalados como probables responsables de tortura y maltrato. Hasta el momento, más de 40 servidores públicos del Instituto de Servicios Periciales, Ministerios Públicos y Policías Ministeriales han comparecido para declarar y esclarecer su participación posterior a la matanza de Tlatlaya del 30 de junio del año pasado.
La Procuraduría General de Justicia aseguró en el mismo comunicado que se ha brindado el apoyo necesario para que visitadores y personal de la CNDH, y en dos ocasiones visitadores adjuntos, estuvieran presentes en las diligencias cuando así lo solicitaron, además de que tuvieran la oportunidad de revisar todos los avances de la carpeta de investigación de manera libre y exhaustiva.
En lo que hace a la denuncia presentada por la CNDH, para determinar un probable retardo o entorpecimiento del servicio de procuración de justicia, la institución ministerial precisa que hasta el momento, la investigación no ha arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de servidores públicos que procesaron el lugar de los hechos.
En el mismo comunicado, se apuntó que la hora de llegada del personal de esta Procuraduría al lugar de los hechos obedeció, como se ha aclarado en diversas ocasiones, a tres factores:
Por un lado, la necesidad de organizar equipos de trabajo capaces de atender un hecho de tales magnitudes; para lo cual, fue necesario reunir peritos, policías ministeriales y ministerios públicos de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco; la distancia del lugar de los hechos; ya que desde Toluca son necesarias por lo menos 4 horas para completar el traslado; desde Valle de Bravo, al menos 2 horas y 30 minutos, y desde la Fiscalía Regional de Tejupilco, por lo menos una hora con 50 minutos.
Además de las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona; ya que los reportes de elementos del Ejército señalaban el riesgo de posibles emboscadas de grupos armados en la región donde se registraron los hechos, derivado de lo sinuoso y complejo de los caminos de acceso.
El Gobierno del Estado de México, a través de la Procuraduría General de Justicia, subrayó que de las declaraciones rendidas por elementos del Ejército ante la Procuraduría General de la República (PGR), se desprende que luego de los hechos, el personal castrense acordonó la zona, desvió el tránsito de vehículos por el lugar y al menos dos elementos del Ejército realizaron funciones de vigilancia a la entrada de la bodega, función que desempeñaron hasta que arribó personal de la PGJEM.
En el comunicado difundido esta noche, la institución ministerial mexiquense descartó la posibilidad de una alteración de la escena del crimen por parte de su personal, al señalar que “el personal ministerial procesó el lugar de los hechos tal y como fue encontrado una vez que arribó al sitio”. Y agrega, que el 6 de noviembre del 2014, el juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, dictó auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de alteración Ilícita del lugar y vestigio del hecho delictivo.
En su oportunidad, la autoridad judicial concluyó que los tres elementos del Ejército habrían cambiado la posición de armas de fuego, así como la posición de algunos de los cuerpos.
La Procuraduría General de Justicia aseguró que por la alteración de la escena del crimen, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan; aunado a una investigación de carácter administrativo, por la cual han sido citados 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal para su garantía de audiencia.
La PGJEM subrayó que la indagatoria del caso Tlatlaya estuvo a su cargo por un espacio no mayor a 72 horas, actuando en todo momento en auxilio del Ministerio Público de la Federación, y posteriormente, la investigación fue turnada a la PGR, dependencia que meses después, y una vez concluidas diversas periciales, como la reconstrucción de hechos, mecánica de lesiones, y la obtención de nuevos datos de criminalística y los análisis balísticos, le permitieron llegar a las conclusiones que dio a conocer a la opinión pública.
Respecto de la reparación de daño recomendada por la CNDH, la cual obliga a la Procuraduría a atender a tres víctimas, reiteró que el 15 de junio pasado se realizó la creación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos.
Con ello, se prevé la creación de las reglas de operación por parte del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un Comité de Evaluación, el cual, una vez que sesione, determinará los montos y conceptos de la reparación integral de manera individualizada a cada una de las tres víctimas antes señaladas.
La reparación integral corresponde estrictamente por los hechos que se atribuyen a servidores públicos del Estado de México en la recomendación 51/14 que realizó la CNDH.
Además, la Procuraduría General de Justicia aseguró que se ha llevado a cabo de manera pormenorizada y puntual, la atención médica y psicológica en forma continua a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares que lo han requerido.
La institución ministerial detalló que les ha brindado apoyos económicos para solventar sus gastos, e incluso, ha realizado acciones para mejorar su calidad de vida, entre ellas, facilitar su cambio de domicilio al Estado de México.
Por lo que se refiere a la víctima identificada como V-23, a pesar de diversas reuniones y comunicaciones sostenidas con sus representantes, se ha negado a comparecer ante la Fiscalía de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, no obstante que fue citada en dos ocasiones. Estas diligencias tenían por objetivo reconocer su estatus de víctima y rendir su declaración sobre los hechos referidos.
En el comunicado de casi tres cuartillas, la PGJEM lamenta esta situación, pues en todo momento se procuró mantener estándares internacionales de protección a víctimas, e incluso, se contó para ello con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que la víctima V-23 fuera citada en sus instalaciones.
Finalmente, la Procuraduría estatal explicó que a través del Instituto de Atención a Víctimas de Delito, se gestionó que las tres víctimas quedaran debidamente registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con objeto de que puedan acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.
Derivado de la recomendación de la CNDH, la PGJEM acotó que más de 670 servidores públicos de esta Procuraduría han sido capacitados en materias como inspección en el lugar de los hechos, al igual que en Derechos Humanos y Protocolo de Estambul, todo ello con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
De igual manera, actualmente 500 servidores públicos se capacitan en línea en temas de Derechos Humanos, con el apoyo de la propia CNDH.
También se lleva a cabo la actualización de 10 protocolos de actuación Ministerial, Policial y Pericial, así como la emisión de nuevos protocolos sobre la investigación de delitos relacionados con el procesamiento del lugar de los hechos, bajo estándares de protección a derechos fundamentales, tal como lo solicitó la CNDH.
Finalmente, el Gobierno del Estado de México da por atendida la recomendación 51/14, emitida por la CNDH, para lo cual, se estima que la misma se encuentra en vías de cumplimiento, al quedar satisfechos varios de los puntos señalados.
