Redacción
Distrito Federal. 15 de mayo de 2014.- Aun cuando existe la sentencia judicial que obliga a investigar la violencia feminicida en el Estado de México, y eventualmente declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SPASEVM) solicitó al juez Noveno de Distrito dar por cumplida la sentencia con lo que pretendería determinar un “carpetazo” a una indagatoria que no ha dado siquiera inicio.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) advirtieron que el Sistema intenta dar por “cumplida, en su totalidad, la sentencia”, aunque nunca lleve a cabo la indagatoria sobre la violencia en contra de las mujeres en territorio mexiquense.
En conferencia de prensa, lanzaron la advertencia de que el Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres pretende realizar la investigación en opacidad, de forma imparcial, lo cual además contraviene el reiterado llamado de que especialistas ciudadanos participen en ella.
El Sistema Nacional para Prevenir la Violencia contra las Mujeres determinó que la pesquisa será realizada por un “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” creado en 2009, a partir del acuerdo 04-24/04/2009, y conformado sólo por dependencias federales.
La decisión, acusaron las organizaciones civiles, busca desconocer la existencia del mecanismo de indagación que exige la participación de grupos autónomos a las instancias gubernamentales.
El pasado 9 de mayo el SNPASEVM informó al juez que “en términos de lo que considera el sistema” la sentencia debía darse por cumplida, ya que el 28 de abril, en sesión extraordinaria, se acordó iniciar la investigación de lo denunciado por las organizaciones ciudadanas.
Rodolfo Domínguez, abogado litigante del proceso judicial para que se declare la Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, explicó que de acuerdo con la notificación enviada al juez Noveno de Distrito, la indagación la realizará el grupo creado en la séptima sesión ordinaria del Sistema celebrada en 2009, fecha en la que todavía no existía solicitud de AVG para el Estado de México, y los resultados serán evaluados por un “grupo dictaminador”, instaurado con el mismo acuerdo.
Ambas instancias están integradas por dependencias federales.
El “Grupo Multidisciplinario e Interinstitucional” está conformado por las secretarías de Gobernación (Segob) y de Desarrollo Social (Sedesol), la Procuraduría General de la República (PGR), y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). En tanto que el “Grupo Dictaminador” lo integran Segob, la Secretaría de Salud (SS) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sin que hasta ahora se conozca el nombre de las o los representantes de cada instancia.
María de Luz Estrada, coordinadora del OCNF, advirtió que la supuesta investigación en realidad es “una simulación más” de las dependencias federales, para no admitir que en el Estado de México se vive “una preocupante crisis de violencia de género”.
Se estima que en siete años, y de acuerdo con datos oficiales, en la entidad se registraron más de mil 500 mujeres, casos a los que se suman las innumerables desapariciones de jóvenes y niñas.
“Luego de tres años de litigio, y de una constante negativa para iniciar la indagación, al Sistema se le agotaron las alternativas jurídicas para negarse a investigar y ahora lo que pretende es que (el procedimiento) sea a modo y sin transparencia”, detalló Estrada en conferencia de prensa.
“Lo que preocupa, es que al ser un grupo únicamente integrado por dependencias federales se tome como verdaderos sólo los datos que aporte el gobierno del estado, que se limitará a informar sobre las supuestas acciones y programas que ha emprendido para detener la violencia de género, sin admitir que en realidad éstas no han abonado a mejorar las condiciones de vida de las mexiquenses”, añadió la activista defensora de los derechos de las mujeres.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio insistió en que se declare la AVG de manera inmediata pues existen las pruebas y elementos suficientes que demuestran que “todas las mexiquenses están ante el riesgo eminente de ser asesinadas o desaparecidas”.
Por su parte, las autoridades federales y estatales se han negado sistemáticamente a realizar una investigación con enfoque de género porque consideran que primero es necesario que la violencia sea generalizada en ese territorio y no se concentre en 10 de los 125 municipios de la entidad, en donde han ocurrido la mayoría de los feminicidios.
