Israel Dávila
Toluca, Mex 25 de enero del 2019.- Una vez que el pasado 17 de enero, un magistrado de alzada del Poder Judicial del Estado de México resolvió reponer el proceso penal a seis indígenas nahuas de la comunidad de San Pedro Tlanixco, del municipio de Tenango del Valle, por el cual deja sin efecto las sentencias que se les habían dictado de más de 50 años de prisión por el delito de homicidio, este viernes, el pleno del Congreso mexiquense, aprobó, por unanimidad, un exhorto mediante el cual la Legislatura del estado pide al Fiscal General de Justicia de la entidad, el desistimiento de acción penal en contra de estas personas que ya han estado privadas de su libertad casi 15 años.
Los diputados de Morena, promotores del punto de acuerdo por el cual exhortan al Fiscal Alejandro Gómez Sánchez, que instruya al ministerio público a retirar la acusación contra los indígenas, además solicitaron a las autoridades penitenciarias, la liberación inmediata de estos seis pobladores de Tlanixco pues ha quedado comprobado que el proceso que se les instruyó estuvo plagado de irregularidades y no son responsables del delito que se les imputa.
En noviembre pasado, diversas áreas de ONU solicitaron al Estado Mexicano la liberación inmediata de estos indígenas pues “hay evidencia de que el proceso judicial instruido en su contra, carecería de las garantías del debido proceso, y la condena habría sido adoptada para criminalizar a las personas involucradas en la defensa del derecho al agua”.
A principios de la década pasada, comenzó la pesadilla para estos los pobladores de Tlanixco, pues la Conagua otorgó a particulares la concesión para la explotación del Rio Texcaltengo, para el riego de las empresas floricultoras ubicadas en el municipio aledaño de Villa Guerrero, que durante décadas esta comunidad venía aprovechando.
El 1 de abril del 2003, el empresario español Alejandro Issak Basso, quien encabezaba el sistema de agua de riego para los floricultores de Villa Guerrero se dirigió a Tlanixco a reclamar porque el agua llegaba jabonosa.
En el trayecto hacia Tlanixco encontró a unas mujeres lavando ropa. Y al subir la cima para llegar a Tlanixco habría resbalado y caído en un barranco, provocándole la muerte.
Las autoridades de la entonces Procuraduría de Justicia mexiquense indagaron y llegaron a la conclusión de que se había tratado de un homicidio perpetrado por quienes encabezaban el comité de agua de Tlanixco, pero la imputación recaía en testigos de oídas y no había ningún elemento sólido que inculpara a los integrantes del comité.
Pese a ello, en julio del 2003, la policía ministerial capturó con lujo de violencia a Pedro Sánchez, Teófilo Pérez y a Rómulo Arias, indígenas de la comunidad, por su presunta responsabilidad en el homicidio. En 2006 los tres fueron sentenciados a más de 50 años de prisión sin que hubiera elementos para ello.
En ese mismo año, también se detuvo a Dominga González, a Lorenzo Sánchez y a Marco Antonio Pérez, también por el homicidio y tras 10 años de estar encarcelados, en noviembre del 2017 recibieron sentencia de más de 50 años de prisión.
Las condenas se basaron en testigos de oídas, pero en el expediente no había ninguna imputación directa ni individualizada, por lo que varios organismos de derechos humanos, las calificaron como ilegales.
Finalmente, el pasado 17 de enero de este año se resolvió la impugnación que se promovió contra las sentencias y un magistrado de alzada del Poder Judicial ordenó la reposición del proceso en contra de estas personas por encontrar inconsistencias e irregularidades en el expediente. La reposición se tendrá que hacer desde las declaraciones preparatorias.
Los diputados locales de Morena expusieron el caso en el pleno del Congreso y hoy, legisladores de todas las fracciones avalaron el punto de acuerdo en el que la Legislatura pide al Fiscal que se desista de la acción penal en contra de estos indígenas y se decrete su libertad inmediata.
