Redacción
Toluca, Edomex. 5 de diciembre de 2014.- La LVIII Legislatura estatal autorizó a 21 municipios aplicar tarifas diferentes a las establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para los derechos de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Agua Residuales, a fin de mejorar la prestación de los servicios y cuidar la finanzas públicas de los organismos operadores.
En sesión del Séptimo Periodo Ordinario, el legislador Marlon Martínez Martínez dijo que los diputados coincidieron en que la atención eficaz de los servicios vinculados con el agua, sobre todo las condiciones poblacionales y geográficas de diversos municipios, requieren recursos suficientes para la debida satisfacción de las demandas de la población.
Los municipios integrados en dicho dictamen son Acolman, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Coacalco de Berriozabal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, El Oro, Huixquilucan, Jilotepec, Lerma, Metepec, Naucalpan de Juárez, Tecámac, Tepotzotlán, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán, Valle de Bravo, Zinacantepec y Zumpango.
De las mesas de trabajo, se desprendió que las iniciativas previamente aprobadas por las Comisiones Unidas de Legislación y Administración Municipal y de Planeación y Gasto Público, son concordantes con los criterios técnicos, y además se encuentran soportadas y justificadas.
Analizarán comisiones iniciativas del Ejecutivo Estatal
En tanto, la iniciativa de Ley para la Protección de Sujetos que Intervienen en el Procedimiento Penal o de Extinción de Dominio del Estado de México, fue remitida a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia para su dictamen, así como el proyecto que expide la Ley para la Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio para el Estado de México.
También remitió a las comisiones de a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la de Procuración y Administración de Justicia, la iniciativa que distingue las sanciones económicas a los servidores públicos mediante la respectiva modificación a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
