Francisco Ledesma / Un vacío de poder
Han transcurrido casi tres meses de la elección de junio pasado, y en distintos municipios se han encendido las alarmas por falta de recursos financieros, ausencia de voluntad política y omisiones administrativas que han dejado a la deriva la gobernabilidad de distintos ayuntamientos en el territorio estatal.
La autonomía municipal rebasa los límites, y los alcaldes en funciones han mostrado los riesgos de un poder único que reside en ese poder ejecutivo local, para tomar decisiones que laceran el funcionamiento de la administración pública, y que en ocasiones, comprometen su viabilidad de mediano plazo.
En las últimas semanas, los presidentes municipales que perdieron la reelección han exhibido que el ayuntamiento que pretendían encabezar por tres años más, ahora resulta un entramado institucional inviable, con profundas carencias materiales, y particularmente con una quiebra financiera que imposibilita cumplir con salarios de sus trabajadores, e incluso con la prestación de servicios.
El régimen presidencial replicado en los cabildos municipales imposibilita un sistema de frenos y contrapesos, lo que advierte la preponderancia de un poder omnímodo, en cuya estructura los designios de una sola persona determinan el destino de la administración pública, incluido el ejercicio de su presupuesto.
Cuando faltan escasos cuatro meses para concluir sus funciones, los gobiernos municipales salientes hoy acumulan deudas con proveedores y con empleados, sin que ninguna autoridad externa les pueda marcar un freno, o eventualmente sancionar por la omisión de sus mínimas responsabilidades.
Mientras el espectáculo mediático de las mañaneras discute la revocación de mandato del presidente López Obrador, nadie advierte sobre la evaluación en las tareas que ejercen los alcaldes, ni mucho menos se puede imaginar sobre una sanción a quienes hayan cometido excesos en el ejercicio del poder local.
La autonomía municipal se ejerce como un cheque en blanco para la disposición de recursos presupuestales, la asignación de salarios y la mínima observancia administrativa en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
En la coyuntura actual, los alcaldes entrantes aprovechan el desastre administrativo para lanzar acusaciones postelectorales, con una estrategia por delante encaminada en realizar una serie de observaciones sobre las inconsistencias administrativas de los ayuntamientos, sin que eso necesariamente repercuta en contra de las autoridades salientes.
Casualmente, los alcaldes que hoy tienen viabilidad financiera, son aquellos que lograron la reelección, lo que podría ser un “espejismo” para tratar de sobrellevar una buena administración, y pagar a sus proveedores con el presupuesto comprometido del año entrante. Mientras a sus trabajadores, les podrían cumplir con el pago de su salario con la totalidad de sus participaciones estatales.
Un elemento adicional es el vacío de poder que genera la transición electoral. Entre la celebración de los comicios y la entrada en funciones de las nuevas autoridades, transcurren siete largos meses, en los que sistemáticamente los gobiernos salientes acumulan deudas, prescinden de la obra pública y tratan de limpiar las finanzas públicas para evitar acusaciones en el futuro inmediato.
En esencia, hay un vacío de poder, entre quienes ya se van, pero se niegan a asumir las responsabilidades legales que aún les corresponden; y quienes están por ingresar, pero todavía no tienen ni las llaves del Palacio Municipal.
La quiebra de los municipios no sólo es financiera, también lo es política y socialmente, ante un desencuentro entre los gobiernos locales y sus habitantes.
La tenebra
La autonomía municipal también ha significado históricamente impunidad garantizada.
