Redacción
Toluca, Edomex 8 de octubre de 2020. El diputado local por Morena, Margarito González Morales propuso este jueves una serie de reformas al Código Penal del Estado de México para sancionar con mayor severidad los actos de corrupción en el Estado de México. Su idea es que las penas se incrementen hasta en una mitad a las que actualmente contempla el marco jurídico estatal.
Margarito González también criticó la poca efectividad que ha tenido el Sistema Anticorrupción en el Estado de México y Municipios, pues, aseguró que desde 2017, no hay procedimientos penales contra riqueza injustificada de servidores públicos, o por actos de corrupción.
La iniciativa, explicó, busca fortalecer el Código Penal del Estado de México en su Título Sexto, relativo a los delitos por hechos de corrupción, pues, consideró que, el Código Penal estatal es muy laxo y establece penas risibles a quienes cometen estos actos.
“El daño que estos delitos causan a la sociedad es enorme y ha traído años de crisis, impunidad y falta de desarrollo, que provoca desconfianza ciudadana en las instituciones y, además, fomenta la impunidad.
La propuesta define que los delitos cometidos por servidores públicos electos con el voto popular o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación de la Legislatura del Estado, sean designados por la o el Titular del Gobierno del Estado o por las y los titulares de las dependencias, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad.
Por ejemplo, al servidor público que retarde o entorpezca dolosamente el servicio de procuración de justicia, como lo pueden ser agentes del Ministerio Público y policías de investigación, se le impondrá pena de prisión de 4 a 8 años, y de mil a 2 mil días multa, además será destituido e inhabilitado para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.
A los policías de tránsito que incurran en abuso de autoridad por remitir, sin causa justificada, alguna unidad al corralón, o al servidor público que autorice o expida licencia para venta de bebidas alcohólicas, sin que se hayan cumplido las disposiciones reglamentarias, se le podrá sancionar hasta con 7 años de prisión.
También se contemplan sanciones hasta de 11 años de prisión al que por utilizar su empleo, cargo o comisión obtenga la entrega de fondos o valores, además será sujeto a una multa de 100 a 2 mil días multa, destitución e inhabilitación, de acuerdo a la cantidad o valor de lo obtenido
Se propone que se castigue hasta con 12 años de prisión a quien o quienes cometan el delito de intimidación, además de una multa de treinta a cien días de UMAS y la destitución e inhabilitación que corresponda.
Por ejercicio abusivo de funciones para obtener beneficios económicos o a sus parientes, definen de 2 hasta 15 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como destitución e inhabilitación.
La iniciativa también pretende castigar los famosos moches, pues considera sancionar “por delito de cohecho cometido por legisladores estatales o integrantes del ayuntamiento, que en el ámbito de sus competencias, y en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, exija una comisión, dádiva, contraprestación o promoción personal, obtendría 3 a 18 años de prisión y de 100 a 300 días multa, así como destitución e inhabilitación, de acuerdo a la cantidad o valor de la dádiva, bienes, promesa o prestación.
Por el delito de peculado, las penas propuestas van desde 3 a 15 años, y de 100 a 500 días multa, de acuerdo al monto de los fondos utilizados indebidamente, así como destitución e inhabilitación. Y cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones del Estado para los fines de seguridad pública, se aplicará hasta la mitad más de las penas señaladas.
En caso de enriquecimiento ilícito se considera el decomiso de bienes cuya procedencia no se logre acreditar, y la aplicación de extinción de dominio. Y las penas van de 3 A 20 años de prisión, y de 100 a 500 días multa, de acuerdo al monto obtenido.
Para delitos cometidos por funcionarios de procuración y administración de justicia, las penas van de 3 hasta 10 años de prisión y de 70 a mil días multa, así como destitución e inhabilitación.
Y a quien en nombre de un servidor público solicite dinero, valores, servicios o cualquier otra dádiva, en los casos a que se refieren los delitos de cohecho, concusión y tráfico de influencia, se le impondrán de 5 a 15 años de prisión, y de 100 a 500 días multa.
