Toluca, Edomex, 23 de mayo de 2023.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) Myrna Araceli García Morón llamó a materializar el derecho humano a vivir en un entorno familiar libre de violencia, pues no está reconocido en la Constitución federal ni en los tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos que protegen a la mujer, a la infancia, la adolescencia y la familia.
Durante el III Congreso de Justicia Familiar “Retos del Derecho de Familia Contemporáneo”, organizado por el Poder Judicial mexiquense, mencionó la importancia de reflexionar sobre los retos y perspectivas del derecho de familia contemporánea y promover una adecuada armonía jurisdiccional sobre las tendencias y los procesos sociales, económicos, demográficos, biológicos y culturales que impactan en torno al derecho del que ha sido tradicionalmente el núcleo de la organización de la sociedad: la familia.
Refirió que el derecho a vivir en un entorno familiar libre de violencia debe ser parte del catálogo de los Derechos Humanos que deben integrarse al orden nacional, al relacionarse con temas como los nuevos modelos de familia, concubinatos, familias extendidas, alternativas para la solución de conflictos familiares, atención especializada en situación de vulnerabilidad, la coordinación parental, la maternidad subrogada, medidas de protección a la infancia, adolescencia, familias migrantes o en privación de libertad, violencia familiar y vicaria.
García Morón explicó que no está reconocido en la Constitución Federal o en algún otro ordenamiento jurídico del país, sin embargo, puede concebirse como un derecho fundamental al derivar de la protección a los derechos a la vida, a la protección del interés superior de la infancia y adolescencia, a la familia, a la salud, a la vivienda, a la integridad física, a la dignidad de las personas, la igualdad y el establecimiento de condiciones para el desarrollo personal, que sí están en la legislación.
La presidenta de la Codhem aseguró que el derecho de familia no es público sino privado, y cobra vigencia su visión en derechos humanos, porque su formación y la convivencia familiar con perspectiva de derechos humanos se centra en la importancia de relaciones igualitarias, seguras, afectivas, libres de violencia, solidarias, entre las generaciones, inclusivas, resilientes y sostenibles, además, la primera garantía en procesos familiares está en las y en los juzgadores.
Dijo que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública y Urbana de 2021, de INEGI, en el país hay 18.3 millones de hogares en 91 ciudades urbanas incluidas, de los que 1.3 millones declararon haber sido víctima de violencia familiar, que generaron 5 mil 037 casos por día y 200.9 por hora, cifras que contrastan con las de denuncias, pues suman solo 713 carpetas de investigación al día o 29.7 casos por hora.
Precisó que será la labor cotidiana la que convoque a sumar voluntades y ejercer las facultades de los poderes públicos para que no solo en el diseño formal, los recursos legales sean efectivos, idóneos para promover y remediar lo necesario, para satisfacer los derechos de las y los integrantes de la familia y su derecho de acceso a la justicia.
