Redacción
Toluca, Edomex, 27 de noviembre de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 3/2020 a la Fiscalía General de Justicia de la entidad (FGJEM) por vulnerar el derecho a la debida diligencia con perspectiva de género, que derivó en el fallecimiento de cuatro personas.
La investigación fue iniciada a partir del hallazgo del cadáver de la joven Jessica Guadalupe Jaramillo Orihuela de 23 años de edad, al interior de una vivienda en la colonia Villas Santín, en Toluca, en noviembre de 2019, cuyo caso tomó relevancia al identificar a su homicida como Óscar García Guzmán, quien habría perpetrado al menos otros cuatro asesinatos de mujeres en la capital mexiquense, denominado como el «Monstruo de Toluca».
Al interior de dicha casa habitación, las autoridades ministeriales encontraron una segunda víctima de desaparición, cuya madre denunció el hecho ante la autoridad ministerial con el mismo resultado de omisión.
Entre los puntos recomendatorios destaca la disculpa institucional por escrito que deberá otorgar la Fiscalía a 17 personas agraviadas y el otorgamiento de becas a dos de ellas, así como la inscripción de todas las personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas y la cobertura de la compensación procedente en su favor.
Además, la Visitaduría Especializada de Igualdad de Género de la Codhem conoció otras dos denuncias relacionadas con Óscar García Guzmán presuntamente relacionado con la muerte de la primera víctima mencionada, corroborando la falta de avances en las indagatorias con lo que se acreditó la violación al derecho a la debida diligencia infligida por cinco servidores públicos de la Fiscalía estatal.
La Codhem abrió en total ocho expedientes de queja, acumulando cuatro de ellos a una queja iniciada de oficio en virtud de que los hechos planteados apuntaban a la misma persona agresora imputada, y dio seguimiento a tres quejas presentadas por familiares de víctimas por hechos ocurridos, algunos hace más de siete años, las cuales también registraban nulo avance en la FGJEM.
En la Recomendación 3/2020 destaca como medida de rehabilitación el proporcionar atención a las personas agraviadas en las áreas médica, psicológica, psiquiátrica, psicoterapéutica y/o tanatológica, en un plazo que no mayor a 15 días contados a partir de la aceptación de la recomendación; y que dicha atención sea otorgada en un perímetro accesible al domicilio de las y los afectados.
Como medida de compensación, la FGJEM debe remitir evidencia de la inscripción de 17 personas agraviadas en el Registro Estatal de Víctimas, a fin de que tengan acceso a los derechos y garantías establecidas en la ley, incluida la indemnización compensatoria que corresponda, así como en el Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Como medida de satisfacción, la autoridad recomendada debe enviar copia certificada a la Visitaduría General de la FGJEM para que tome en cuenta la investigación efectuada por la Comisión dentro del expediente FGJEM/VG/133/2020, a fin de identificar la probable responsabilidad administrativa de las cinco personas servidoras públicas involucradas en los hechos y solicitar el inicio del procedimiento correspondiente al órgano sustanciador, para que resuelva la responsabilidad administrativa atribuible a cada una de ellas.
Para evitar la repetición de dicha conducta, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicita capacitar a las personas servidoras públicas adscritas a las unidades administrativas que dependan de la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en temas de búsqueda de personas, perspectiva de género, atención victimológica, lineamientos para la debida diligencia de las investigaciones acordes a estándares internacionales, entre otros.
Además, recomienda que se instruya -mediante circular firmada por el fiscal general- la revisión periódica de los expedientes de investigación iniciados por desaparición de mujeres, efectuar a la brevedad las diligencias necesarias para encontrar a las personas en términos del protocolo ALBA, además de la correcta integración y actualización de expedientes para deslindar responsabilidades administrativas o penales respecto de las irregularidades que se detecten.
