Francisco Ledesma
Toluca, Edomex, 7 de mayo de 2019.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) emitió la Recomendación 4/2019, dirigida a la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero; al subsecretario de Control Penitenciario, Manuel Palma Rangel; y al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Jaime Echartea Mojica, por la muerte de dos internos del centro penitenciario “Sergio Ramírez García”, ubicado en Chiconautla, Ecatepec.
En un comunicado de medios, la defensoría de las garantías individuales, informó que tras la ocurrencia de dos fallecimientos en el penal estatal de Chiconautla, atribuibles a la falta de seguridad al interior del establecimiento carcelario, la Codhem determinó la compensación para familiares de las víctimas, atención médica, psicológica o tanatológica y procurar la máxima protección, trato digno y no revictimización.
Dentro de la Recomendación emitida por la Codhem se consideró necesario ponderar la incorporación de recursos humanos e implementar medidas para evitar el hacinamiento y la sobrepoblación, a fin de que no vuelva a afectarse el derecho de las personas privadas de libertad a una estancia digna y segura.
Por la mañana, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Jorge Olvera García reconoció que existe una serie de inconsistencias en el sistema carcelario mexiquense, donde se incluye hacinamiento, cogobierno, la saturación de los penales, falta de estructura, atención y de espacios.
En entrevista insistió en la necesidad de implementar medidas que permitan despresurizar la sobrepoblación de los centros penitenciarios, a través de mecanismos de preliberación e incluso, mediante la construcción de al menos tres cárceles estatales con la coadyuvancia de la iniciativa privada.
La propuesta de la Codhem coincide con una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo hace algunas semanas a la Legislatura Estatal para autorizar la edificación de dos espacios carcelarios con la participación de capital privado.
“Estamos trabajando para poder despresurizar, exhortando respetuosamente a la construcción de otros dos o tres penales con la participación incluso de la iniciativa privada”, dijo Olvera García.
“El poder despresurizar a través de preliberaciones, en donde no se mezclen aquellos primodelincuentes, que sus penas no alcanzan más de dos años, que puedan gozar del beneficio de la libertad de sus procesos fuera de estos centros”, añadió el Ombudsperson.
Dentro del comunicado de medios, donde se detalla la Recomendación emitida por la muerte de dos internos en Chiconautla, la Codhem puntualiza “el concepto de condiciones de reclusión, por virtud del cual, junto con el respeto de la vida e integridad personal de los reclusos, el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad, esas condiciones no deben constituir un factor aflictivo adicional a la privación de la libertad”, por tanto, toda persona en reclusión debe ser tratada con humanidad.
Mediante un trabajo de campo en el penal de Chiconautla, la Defensoría de Habitantes constató “el elevado grado de riesgo e inseguridad que prevalece al interior del centro penitenciario, al suscitarse dos eventualidades en las que es notoria la ausencia de acciones efectivas del personal de custodia para evitarlos, así como la inadecuada gestión penitenciaria al no prevenir ni mantener el orden y control en el penal.”
La Codhem insistió que la autoridad responsable debe retomar el ejercicio del control efectivo de los centros penitenciarios, “como ya se había advertido en el mismo centro penitenciario en la Recomendación 2/2018 de este Organismo, adoptando las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo a la seguridad e integridad de la población carcelaria.”
En los puntos recomendatorios, se dio un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la aceptación de la Recomendación, para documentar las gestiones tendientes a proporcionar las medidas de rehabilitación y compensación a los familiares de las víctimas así como para agregar copias de la resolución de ambos casos a las carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia estatal, y a los expedientes administrativos de los órganos internos de control para identificar las responsabilidades por la tolerancia, acción y omisión del personal penitenciario.
También da un plazo de 30 días para instruir al personal directivo y administrativo que bajo ninguna circunstancia se puede descuidar la seguridad personal de los internos; ponderar la incorporación de más recursos humanos, luego de una reevaluación de la cantidad de personal y su distribución; e implementar medidas para abatir el hacinamiento y la sobrepoblación.
En la entrevista otorgada por Olvera García, durante un evento público, agregó que en los últimos dos años se han emitido ya tres recomendaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos en los centros de prevención social, siendo los más conflictivos los penales de Neza, Chalco, Ecatepec y Almoloya de Juárez.
Entre las consideraciones para emitir la Recomendación por los dos fallecimientos en Chiconautla, se advirtió la prevalencia de “abuso de autoridad por parte de los custodios, un uso desproporcionado de la violencia y las condiciones generales dentro de los penales, de seguridad y de protección a la integridad de los propios internos”, añadió.
