Israel Dávila
Toluca, Edomex. 7 de noviembre del 2019.- El grupo parlamentario de Morena, presentó este jueves al pleno del Congreso del Estado de México la iniciativa para crear una Ley de Austeridad Republicana en la entidad, que pretende ser el instrumento legal para frenar los excesos de la alta burocracia y regular medidas para generar ahorros en el ejercicio de gasto público.
La diputada Azucena Cisneros, señaló que la idea es establecer la austeridad republicana como principio de actuación del gobierno “que oriente la operación de las dependencias, entidades, tribunales de justicia y órganos autónomos del gobierno estatal a fin de que estos pongan en práctica medidas que mejoren el gasto público y hagan efectivo el control y la rendición de cuentas de los servidores públicos”.
Esta nueva Ley plasma algunas obligaciones en los procesos de adquisiciones y la contratación de obras públicas, pues se deberán ceñir a licitaciones públicas para encontrar mejores condiciones de calidad y precio.
También obliga a transparentar el manejo de fideicomisos existentes y prohíbe la generación de nuevos, pues estos han sido usados como mecanismos para evitar la fiscalización.
Además, establece limitantes para las percepciones de los servidores públicos en la entidad, pues ninguno podrá ganar más que el presidente de México, es decir, 108 mil pesos mensuales.
En uno de sus artículos establece una serie de medidas obligatorias para los entes públicos para restringir la compra de autos de lujo para el uso y traslado de servidores públicos; también para que solo los titulares de las dependencias puedan contratar choferes y secretarios particulares y la prohibición del uso de aeronaves para el traslado de funcionarios. En este sentido, señala que los aviones y helicópteros del gobierno mexiquense deberán ser usados exclusivamente en tareas de seguridad pública y protección civil.
También queda prohibida la remodelación de oficinas, la compra de mobiliario nuevo para los despachos de la alta burocracia y ordena la cancelación de oficinas gubernamentales fuera del país.
Reestringue al máximo la contratación de servicios de consultoria y ordena la cancelación de seguros de gastos médicos mayores y seguros de ahorro individualizados y recomienda que los gastos en comunicación social no crezcan más allá del índice inflacionario. Tampoco deberán crecer los gastos en telefonía, fotocopias, viáticos, comsbustibles y arrendamientos, con propone la cancelación paulatina de los mismos.
En la iniciativa se contempla la creación de un Comité de Evaluación integrado por la Secretaría de Finanzas, la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción para que se encargue de supervisar y evaluar el impacto de las medidas de austeridad adoptadas por cada ente público. Este Comité deberá rendir un informe anual a la legislatura.
La propuesta también establece la prohibición para que funcionarios puedan ser contratados al salir del servicio público por empresas a las que se les reguló o haya supervisado, salvo tras el paso de un periodo de 10 años.
También se proponen reformas a le Ley de Responsabilidades Administrativas para sancionar con mayor severidad el conflicto de intereses y el nepotismo
La iniciativa fue turnada a comisiones de dictamen para su analisis y evential aprobación.
