Redacción
Toluca, Edomex 24 de septiembre del 2020.- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso mexiquense planteó este jueves reformar la Ley de Educación del Estado de México a efecto de se fije en el marco legal que aquellos niños, niñas y adolescentes que quedaron en orfandad por Covid 19, accedan a una beca que les permita continuar con sus estudios desde el nivel básico hasta el medio superior.
La diputada Karla Fiesco García apuntó que “en México la educación es un derecho humano, instituido en la Constitución, donde se establece que toda persona tiene derecho a la educación y esta será garantizada por el Estado y sus diferentes niveles de gobierno, en el que se priorizará el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación de los servicios educativos”.
La iniciativa busca otorgar por conducto de la Secretaría de Educación, un apoyo económico mensual equivalente a 20 días de Unidad de Medida y Actualización equivalente a mil 737 pesos, destinado a niñas, niños y adolescentes en situación vulnerable que cursen de manera regular desde nivel básico hasta nivel medio superior en una institución educativa pública, cuando alguno de los padres, tutores, o quienes ejerzan la patria potestad hayan fallecido.
Karla Fiesco expresó que “esta propuesta ya es una realidad en los estados de Sinaloa, Tamaulipas y Aguascalientes, mientras que en la Ciudad de México se otorgará una beca a quien haya quedado en situación de orfandad por COVID-19; por ello tenemos que avanzar hacia esta propuesta, acatando lo establecido en nuestra Carta Magna que es garantizar la educación, a través políticas públicas que eviten la deserción escolar, el cual sería un retroceso en el desarrollo de las futuras generaciones”.
Desde la tribuna legislativa, Karla Fiesco señaló que “la entidad carece de una política pública específica y progresiva que apoye a este sector de gran vulnerabilidad, si bien existen los Centros de Asistencia Social y el programa mediante el cual se otorgan becas a hijos de victimas de feminicidio para garantizar su educación hasta la Universidad, nos queda claro que no es suficiente y existe un gran reto que debemos asumir en nuestro carácter de servidores públicos”.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, estudio y eventual aprobación.
