Redacción
Tras haberse comprobado la detención ilegal de una persona, que posteriormente se suicidó en la comandancia municipal del ayuntamiento de Melchor Ocampo, la Comisión de Derechos Humanos del estado de México emitió este fin de semana su recomendación número nueve del año. Con ésta, suman tres documentos de este tipo dirigidos a las autoridades municipales, todas ellas por el mal desempeño de sus cuerpos de seguridad pública.
La recomendación deriva de la queja que promovieron los familiares de un hombre que fue detenido y remitido a galeras por policías municipales de Melchor Ocampo por una presunta falta administrativa que nunca se comprobó, ya que se constató que la captura ocurrió al interior del domicilio de la víctima.
El organismo resolvió que los policías municipales no sólo vulneraron el derecho de legalidad del hombre en cuestión, sino violaron su derecho a la vida y a la seguridad que debieron proporcionarle cuando estaba en la comandancia municipal, donde se privó de la vida al colgarse de unos barrotes.
En el expediente iniciado por la Codhem se informa que los policías municipales Jorge Luis López Domínguez y Filemón Manuel López Santiago, detuvieron con “uso excesivo de la fuerza” “en un domicilio particular” a un joven, con el pretexto de estar alterando el orden público, al encontrarse en estado de ebriedad.
Los policías remitieron al joven a la comandancia municipal y lo dejaron bajo la custodia de otro elemento de la dirección de seguridad pública de Melchor Ocampo, de nombre Bonifacio García Reyes, quien fue el elemento que lo remitió al juez calificador, Eric Olmedo Aguilar.
El juez justificó que no podía atender el asunto y se excusó, sin embargo, los policías lo remitieron a las galeras, aún en un estado inconveniente. A pesar de esta circunstancia, no le brindaron la debida custodia ni vigilancia, y al dejarlo solo, el joven aprovechó para quitarse la vida colgándose de los barrotes.
Para la Codhem estas omisiones de los elementos de seguridad representaron graves violaciones a los derechos humanos, ya que “producto de diversas irregularidades relacionadas con la función calificadora y de seguridad pública”, “se dio pauta a conductas excesivas, desproporcionadas, omisas y arbitrarias que favorecieron el deceso del detenido”.
En la indagatoria, se pudo comprobar que el joven fue ingresado a la celda sin haberle practicado un examen médico para valorar su estado, como era el deber de los policías, pero al carecer de médico legista, así lo metieron a la cárcel.
En las instalaciones carcelarias, dice la Codhem también se presentaron deficiencias en sus condiciones estructurales, ya que están totalmente aisladas y carecen de vigilancia para saber qué cosas ocurren mientras hay detenidos.
