Redacción
Toluca, Edomex; 19 de julio de 2021.- Comisiones Unidas del Congreso local aprobaron de manera unánime sancionar con penas de tres a seis años de prisión a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que estos presentan.
Las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y Especial para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición integraron en un solo dictamen las cuatro iniciativas de reforma y adición al Código Penal presentadas en diferentes momentos por diferentes diputadas y diputados.
La reforma establece que, tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad, es decir hasta nueve años.
Además, precisan que, cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia, las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte, es decir se sumarán hasta dos años más a la pena que se imponga.
Durante la reunión, diputadas expusieron que las reformas servirán también como una medida preventiva en contra de este tipo de violencia, para que las mujeres puedan recuperar el control de su imagen, para sancionar a las y los servidores que practican estas conductas y para garantizar a las mujeres la protección de su dignidad, que debe considerarse un derecho humano.
Expusieron que las iniciativas derivaron la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y que llevaron a la aprobación de las reformas conocidas como «Ley Ingrid».
En su momento, un representante de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México expuso, como propuesta de este organismo, que el dictamen precise que tal conducta puede cometerse en cualquier espacio y no solamente en alguna dependencia o institución forense.
