Juan Carlos Núñez Armas*
En la semana que concluyó Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, dio a conocer en su cuenta de Twitter que propondrá una reforma electoral que contempla la “depuración” del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en concordancia con lo mencionado por el presidente de nuestro país.
Las iniciativas de ley suelen tener, muchas de ellas, el beneplácito de los ciudadanos, quienes les dan el beneficio de la duda, como si todas las propuestas que contienen fueran buenas y resolvieran los problemas. En este caso podemos mencionar aspectos como el voto electrónico, la desaparición de los organismos públicos locales y sus respectivos tribunales electorales. Sin embargo, no todas las propuestas tienen el impacto favorable que sus autores contemplan para el país.
Por el momento, propongo comenzar por analizar el impacto que tendría en nuestro Estado implementar un sistema de evaluación de leyes. Por definición, evaluar es estimar, apreciar o calcular el valor de una cosa. Este valor debe tener una escala de graduación objetiva y precisa, no puede ser al tanteo o la ocurrencia, ni siquiera el feeling de una persona, debe obedecer a un proceso complejo y sistemático. De forma obligada debe someterse a una disciplina de resultados con validez objetiva.
Una evaluación que se ha tomado en el pasado debe llevar a conocer los efectos de las decisiones. En el caso del INE, la institución formada por civiles que más credibilidad y confianza tiene incluso por encima de la presidencia de la República, ha enfrentado procesos de renovación propia y llevado a cabo elecciones, durante 25 años. Su gran mérito es haber logrado que los actores políticos hayan aceptado los resultados y transitado civilizadamente por diversas alternancias en el poder en los ámbitos municipal, estatal y nacional. Por el contrario, el TEPJF sí enfrenta una crisis de credibilidad y deficiencia de las relaciones de sus integrantes, por decir lo menos.
La iniciativa privada ha impulsado la evaluación de sus procesos y sus impactos con métodos científicos, aprovechando el desarrollo de los mercados y de las ciencias. De forma similar, en las ciencias sociales el grado de progreso que han alcanzado les permite la comprobación y la colaboración, con los adelantos tecnológicos y el manejo de mayores volúmenes de información, como el contenido de leyes, reglamentos, y diversas disposiciones normativas, es así posible impulsar un sistema técnico de evaluación de leyes.
Si bien es cierto que una reforma legal es producto de una decisión política que pretende resolver un problema social, nada asegura, hasta el momento, el éxito de una legislación, o que al final corrija los vicios que pretendían resolver. Ni siquiera está claro que los beneficiarios de la ley, o los grupos de interés involucrados, estén satisfechos con la reforma hecha.
Así, una evaluación legislativa debe contemplar las diversas etapas del proceso, desde la definición del problema, la generación de alternativas, la decisión de la propuesta, la implementación o ejecución de la norma y desde luego la valoración de los resultados. En este orden de ideas, en el sistema de evaluación de leyes que planteo habría que empezar por dejar claros los objetivos de la ley, la implicación económica que tendría en los presupuestos, la validez jurídica de la norma, la necesaria evaluación administrativa y finalmente la evaluación social.
Ahora que los grupos parlamentarios, tanto federales como locales, llevan a cabo sus reuniones plenarias, de las que saldrán sus agendas legislativas, sería interesante tener una agenda única, no sólo agendas particulares por partido o coalición. Una agenda que incluya a todos los partidos y que le diga a la sociedad en qué van a trabajar en conjunto y que escucharán qué quiere decirles la sociedad.
Además, es tiempo por la magnitud de nuestro estado, el gran avance de la tecnología y el desarrollo de las ciencias sociales, que nuestra legislatura implemente un sistema de evaluación de leyes, que avancemos en resolver qué pretende realmente cada iniciativa, especialmente en lo electoral y que no predomine sólo la visión de quienes gobiernan. Las reglas del juego para elegir gobernantes deben tener el más amplio consenso y quienes legislan lo deben hacer por el bien de todos.
*El autor es Maestro en Administración Pública y Política Pública por ITESM. Y Máster en Comunicación y Marketing Político por la UNIR.
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