El secuestro del delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jaime Ramos Neri, es una alarmante señal del grado de vulnerabilidad y hasta de inseguridad por el que atraviesa el Estado de México. Con una sola eventualidad, las autoridades federales y estatales han quedado exhibidas de una insuperable crisis de inseguridad que padece la entidad desde hace 24 meses.
Lo más preocupante hasta ahora, es el absoluto hermetismo con que las autoridades de seguridad de la entidad han tratado el secuestro de Ramos Neri. El plagio ocurrido el pasado jueves y su liberación reportada ayer domingo, no tienen una explicación clara que otorguen certezas a la ciudadanía. Muy por el contrario, el sistemático silencio con que se ha administrado la crisis política antes expuesta, ha alimentado una serie de especulaciones que alimentan la zozobra, y en otros casos debilitan a las instituciones encargadas de vigilar el Estado de Derecho.
Han pasado más de 72 horas entre el secuestro y la liberación de Ramos Neri, y las autoridades han sido omisas para confirmar su rescate, y otorgar una versión sobre las causas del plagio, que han llenado las primeras planas de los medios nacionales, para posicionar de nueva cuenta al Estado de México como una entidad de alta vulnerabilidad en la seguridad interna.
Sin duda, el secuestro del delegado del Cisen, el órgano de inteligencia y encargado de velar por la seguridad del estado, pone de manifiesto también su incapacidad para advertir los riesgos a los que estaba expuesto un funcionario de primer nivel para el Estado de México.
Falta por entender también, las explicaciones que puede tener sobre el caso José Manzur Quiroga, que en su calidad secretario general de gobierno, debe construir certezas para garantizar la gobernabilidad de la entidad. En ese entramado del oficialismo, resulta inadmisible el secuestro de Ramos Neri, como un caso aislado, en tanto que Ramos Neri no puede ser considerado un ciudadano común, y su secuestro no es un asunto menor, que lanza un llamado de alerta para el resto de la población respecto de la capacidad que ha construir el crimen organizado para poder victimizar a funcionarios del más alto rango vinculados a asuntos de inteligencia y seguridad.
La más alta exigencia que la ciudadanía debe establecer hacia sus autoridades tanto federales como locales en el Estado de México, es un profundo ejercicio de autocrítica, que los conduzca a una toma de decisiones pronta, contundente y tangible, frente a los índices de delincuencia y la percepción de inseguridad que prevalece en amplios sectores de la población mexiquense. El asunto se vuelve más preocupante, cuando el plagio ocurrió con facilidad, eficacia y en la capital mexiquense.
Hoy no sólo basta con enunciaciones discursivas que reprueben o condenen el secuestro en agravio de Ramos Neri. Tampoco parece suficiente un mero catálogo de buenas intenciones que terminan en un archivero olvidado, sin medición de resultados y aspectos que sean visibles para la población.
La inseguridad pues, no debe permanecer como un asunto de eventos de relumbrón, ni de ejecución de presupuestos millonarios que evidencian despilfarro, ni un tema de moda sólo como un asunto de campaña. Hoy debe convertirse en una prioridad de soluciones y explicaciones, de reconocer las carencias para atender las respuestas.
