La resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que posibilita a los alcaldes y diputados locales mantenerse en el cargo aun cuando busquen repetir por otros tres años en los comicios de julio entrante, representa un paso hacia adelante en las reglas de facto que deberán cumplirse para hacer posible la reelección, sin que necesariamente exista una ley secundaria como erróneamente sostenían autoridades estatales del gobierno saliente de Eruviel Ávila Villegas.
En esencia, consejeros y magistrados electorales han reconocido en privado que existen jurisprudencias dictadas por órganos jurisdiccionales que les obligan a hacer posible la reelección de alcaldes y diputados locales en el Estado de México, por lo que su ejecución dependerá de los partidos políticos y las reglas internas en la selección de sus candidatos. Es decir, será decisión de la élite gobernante y las cúpulas partidistas la posibilidad de que algunos presidentes municipales y legisladores vayan a campaña en busca de repetir en el cargo para el cual ya fueron electos hace tres años, y preservar su puesto de elección otro trienio.
Las reglas actuales obligan a los institutos y tribunales electorales a cimentar las condiciones que garanticen que alcaldes y diputados locales puedan repetir en los cargos de elección. El PAN, que históricamente promovió la posibilidad de la reelección, parece apuntalar ya a un puñado de alcaldes y diputados en esa condición de salir en busca del voto y quedarse en el ejercicio del poder otros tres años; su argumento es fortalecer liderazgos que han logrado ganar elecciones y afianzar bastiones rumbo a una elección que consideran prioritaria para recuperar lo perdido.
Mientras que en el PRI, donde se encuentran mayores resistencias de sus militantes, todavía valoran la posibilidad de la reelección bajo tres condiciones elementales: una, hacer valer la ley y la reelección de forma inédita; dos, cumplir con determinados compromisos políticos del gobernador Alfredo del Mazo con alcaldes que pretenden repetir en el cargo; y tres, generar equilibrios con los distintos grupos políticos que no han sido integrados en el gabinete delmacista a través de la reelección.
Los desafíos electorales del año entrante, en la contienda local, no sólo se limitan a la condición inequívoca de hacer posible la reelección, sino además, de construir condiciones que eviten que partidos y candidatos en general hagan todo lo posible por ganar en las urnas, aun cuando eso implique actuar por encima o al margen de la legalidad, poniendo en duda la decisión de los electores, la actuación de los órganos electorales y vulnerando con ello la legitimidad de las autoridades electas. La calidad de la democracia debe avanzar en procesos electorales de profundad certeza para competidores, árbitros y ciudadanos.
En la más reciente elección de gobernador, lo que prevaleció fue una elección inequitativa con una permanente incidencia de autoridades federales, estatales y municipales en la entrega de programas sociales en la víspera electoral, que terminaron por favorecer al candidato ganador, sin que las autoridades electorales hayan frenado o sancionado la falta de equidad y certeza en la contienda electoral más competida en la historia democrática del Estado de México, y con profundas dudas respecto del triunfo del priísta Alfredo del Mazo Maza.
Ahí, parece fundamental que en la dualidad de tener alcaldes como candidatos a repetir en el cargo, se vuelve una obligatoriedad que los órganos electorales otorguen reglas claras para garantizar campañas y elecciones con equidad, libertad y certeza; donde la reelección no sea una condición que desfavorezca a los demás partidos políticos y candidatos. En resumen, que los presidentes municipales, en posibilidad de hacer campaña, no hagan uso de los recursos públicos -financieros, materiales y humanos- para favorecer sus actividades proselitistas e incidir en los resultados electorales.
En paralelo, abre la puerta para que los partidos de oposición descalifiquen de entrada los procesos electorales, y encuentren en el camino de las campañas los elementos suficientes de impugnación, como una estrategia proselitista para denostar a los alcaldes o diputados que pretendan permanecer en sus cargos otros tres años, y de paso a las autoridades electorales por su presunta complicidad, negligencia u omisión. Por lo tanto, de forma anticipada los órganos electorales deberán fijar reglas sobre quienes permanezcan en funciones y desde esa ventaja pidan el voto para los comicios de julio del año entrante.
Sin duda, la posibilidad abierta de que los alcaldes y diputados locales en funciones puedan permanecer en su cargo, y a la vez competir por la reelección, establece una profunda proclividad para promover el clientelismo electoral de las autoridades en funciones -sin distingo del partido al que pertenezcan-, lo cual incidiría sin remedio en el resultado final de la elección, en una competencia inequitativa, y sin posibilidad de ser demostrable y por tanto sin ser sancionado.
La elección del año entrante marcará un precedente por la posible reelección reelección de alcaldes y diputados locales, pero debería serlo también por la competencia equitativa y libre de candidatos y partidos; por la entereza y determinación de consejeros y magistrados electorales para enmendar y sancionar conductas ilegales; y por la certeza de los electores al momento de sufragar y de reconocer los resultados, para fortalecer la incipiente democracia que se ha vuelto cada vez más frágil ante la prevalencia de un clientelismo electoral que promueve la coacción del voto como factor de triunfo sin distingo de filiaciones políticas.
