El halo de corrupción que permea entre las instituciones del sector público se agudiza en cada escándalo que involucra a los personajes políticos. De nueva cuenta, Apolinar Mena ha sido exhibido en presuntos tratos irregulares y en abusos de su ejercicio del poder público, cuando fungía como secretario de Comunicaciones, sin que haya hasta ahora una reacción contundente por parte de las autoridades mexiquenses.
En un primer momento, Polo Mena fue evidenciado desde abril pasado, en un presunto conflicto de interés por generar que le pagaran sus vacaciones directivos de la empresa española OHL, desde entonces sumida en una crisis de credibilidad que ha impactado inconmensurablemente sus valores financieros en el mercado mexicano.
En una decisión cortoplacista por acallar las críticas y contener la crisis política por la que atravesaba, Apolinar Mena fue obligado a la renuncia de su encargo y una multa menor por 189 mil pesos. Sin embargo, para el gobierno eruvielista valieron más las componendas políticas que configuran su gabinete, en tanto que rescató al propio Apolinar para nombrarlo meses más tarde como secretario técnico del gabinete.
La sanción fue una burla para las presuntas faltas cometidas por Mena, y que en un primer momento fueron acreditadas por la Controlaría estatal que determinó la multa económica. Bajo esa lógica, su reincorporación al equipo de Eruviel Ávila resultaba improbable ante la sabida conducta irregular e ilegal, pero en los hechos tangibles Apolinar resultó premiado, y el marco institucional vulnerado frente a lo permisible.
En la víspera, se filtraron nuevos audios que evidencian una presunta conducta irregular sobre el personaje que ya antes había sido renunciado por las mismas causas. En esa circunstancia se resaltan dos cosas: la situación irregular fue cometida cuando desempeñaba su anterior cargo como secretario de Comunicaciones; el asunto ha sido difundido como parte del conflicto prevaleciente entre Infraiber y OHL, por la imposibilidad de la primera por instalar un monitoreo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense, que administra y opera la segunda.
Más allá de las consideraciones ilegales que podrían aducirse sobre la obtención de las llamadas telefónicas, como una estrategia permanente para salir avante de este tipo de crisis política, surge la necesidad de que el gobierno mexiquense establezca una postura sobre una irrefrenable pérdida de credibilidad y que hasta ahora lo que ha prevalecido es una especie de ignominia, pero sobre todo de tolerar lo inaceptable.
Una efectiva atención política transita por emprender acciones de combate a la corrupción, y fijar posturas frente a las filtraciones que presuponen una gestión vulnerable. En la medida en que las autoridades establezcan en la agenda pública, y no sólo en la parte discursiva, en contra de la corrupción que incluya acciones efectivas, podrán avanzar en la recuperación de la credibilidad institucional que tanto han perdido y que cada vez le hace más falta a la clase política.
No basta con que la corrupción se haya convertido en un tema coyuntural para señalar actos lacerantes de una clase política sumida en la incredulidad. Hasta ahora, las instituciones -creadas desde el propio gobierno- resultan insuficientes para atender el problema, en la medida que exista una falta de involucramiento de la sociedad civil que otorgue la confianza necesaria para combatirla, pero ante todo, castigarla.
