La iniciativa presentada la semana pasada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas para reconocer y legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el Estado de México, representa un avance amplio en el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas sin distingo de su orientación sexual.
En las sociedades democráticas, a la cual se aspira avanzar en el Estado de México, resulta prioritario contemplar un marco jurídico de vanguardia, que posibilite a los ciudadanos el goce de sus libertades y garantías individuales. De aprobarse la iniciativa, la entidad mexiquense será la cuarta en considerar la unión civil entre personas del mismo sexo -junto con Distrito Federal, Coahuila y Quintana Roo-, y será en lo inmediato, una población potencial para asumir y exigir el cumplimiento del nuevo entramado legal.
Lamentablemente, el Estado de México, y en particular el Poder Ejecutivo, ha tomado la decisión de caminar por esa ruta democrática obligado por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no por una convicción del espíritu democrático que suele presumir en lo discursivo. Lo deseable, es que en adelante, el gobierno eruvielista acompañara las exigencias y las necesidades de su población, y no tener que agotar los recursos legales para ceder a esas demandas.
Por ahora, la izquierda mexiquense ha tomado la decisión de adelantarse, y no sólo posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino abrir la oportunidad para que adopten. Es importante que esa propuesta sea defendida por una causa ideológica y no sea un mero ardid proselitista por los tiempos electorales que atraviesa el país. Mientras que el partido en el gobierno, está en oportunidad de demostrar su capacidad de diálogo, consenso y tolerancia para acceder a una ley de vanguardia o quedarse una vez más chato en el esfuerzo manifiesto.
En la reforma constitucional de Derechos Humanos aprobada a nivel federal en 2010, se estableció una modificación trascendental hoy en juego: los derechos humanos no son otorgados por el Estado, muy por el contrario, estos deben ser reconocidos en su amplitud, sin rasgos discriminatorios, ideológicos o demagógicos.
La vecindad entre el Estado de México y el Distrito Federal obliga a caminar no sólo en la misma ruta sino al mismo ritmo en la posibilidad que ese destino signifique progreso. Por tanto, resulta un absurdo que mientras en la capital del país se permite la unión entre personas del mismo sexo, en la entidad mexiquense se segregue ese derecho fundamental, y por ahora sólo es posible para personas heterosexuales. En paralelo, mientras la oralidad alcanzó a los procesos jurisdiccionales de la entidad hace más de cinco años, incluidos juicios civiles y penales, para los tribunales capitalinos apenas muestran un incipiente recorrido en la materia.
En el paso dado por el Estado de México, no estamos lejos de que pronto se deba generar una legalización sobre la interrupción del embarazo como la existente en el Distrito Federal. Se calcula que uno de cada tres abortos practicados en la capital del país desde que se legalizó su práctica es de una mujer mexiquense, y eso exhibe la urgencia de que la entidad tenga el atrevimiento de construir el marco jurídico democrático que requiere la sociedad en su conjunto.
Legalizar sobre la interrupción legal del embarazo, dotaría a las mujeres mexiquenses de la capacidad de decidir sobre su cuerpo; constituye un avance en los derechos humanos de segunda generación; y posibilita una sociedad de amplias libertades que se ajuste a los tiempos que afrontamos.
Ahora que son tiempos de campañas electorales, un buen ejercicio de deliberación sería conocer y reconocer la postura de los candidatos a diputados locales frente a los derechos humanos, y su disposición para legislar sin limitantes ideológicos ni ataduras de grupo, que muestren su convicción política y no sólo su interés inmediato por obtener el voto. Ese sí podría ser un buen inicio de un verdadero ejercicio democrático.
