Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México y con ello asumió como la parte más importante de su mandato el cambio de un régimen político, que transita obligadamente por la adopción de un nuevo modelo económico, junto con sepultar el emblema de corrupción que llevó consigo el gobierno saliente, encabezado por el mexiquense, Enrique Peña Nieto.
Las reformas energética y educativa, que marcaron gran parte de la profunda transformación pregonada en la propaganda peñista, simplemente se convirtieron en un fracaso institucional y sexenal. De inmediato, López Obrador se ha comprometido a revertir los marcos legales que han sido insuficientes para cumplir con las promesas políticas y electoreras del gobierno que recién terminó.
Muy por el contrario, en el argumento del presidente López Obrador, las reformas estructurales sólo agudizaron las condiciones políticas, económicas, sociales e institucionales, para fomentar la connivencia entre el poder político y el poder económico, en agravio de los sectores sociales de mayor marginación.
En el contenido de sus discursos inaugurales, en el Congreso de la Unión y el Zócalo capitalino, Andrés Manuel ha sido lapidario en atribuir al peñismo la responsabilidad por la corrupción, el endeudamiento público y el aumento en las brechas de desigualdad social de los últimos años.
Sin duda, para la clase política mexiquense la parte más difícil de su defenestración apenas comienza. El año más complejo para un mandatario y su gabinete es el séptimo; y por ahora, López Obrador aprovechará la argumentación de recibir un país “en quiebra” para achacar todas las tribulaciones que enfrente su gobierno, a los estuvieron aquí seis años antes.
Aun cuando Enrique Peña concluyó su sexenio con los más altos niveles de desaprobación deberá tener en el escenario una estrategia política, mediática e institucional para defenderse de las acusaciones en su contra. En el bono político de cualquier presidente entrante, y más un mandatario como López Obrador con los niveles de votación alcanzados, deberá administrar su evaluación positiva en la medida que sus antecesores puedan absorber los lastres heredados.
Desde el Poder Legislativo, las diminutas fracciones legislativas del PRI han adolecido de argumentos, y han caído en la frivolidad para cuestionar al gobierno naciente. Al peñismo no le bastará la lealtad que le prodigan sus legisladores en redes sociales, en un campo de batalla dominado por el gobierno vigente.
Enrique Peña ha declarado su intención por separarse de la vida política y reinventarse en su vida personal. No obstante, será un actor vigente de forma irremediable, en la medida que el gobierno actual tomará al sexenio anterior como un referente en su toma de decisiones, en sus políticas públicas, en sus acciones y en sus resultados. Será un punto de partida para revertir aquellas reformas, tareas o programas que representen una contraposición al proyecto de gobierno del nuevo presidente. Y también se convertirá en un debate constante para revivir aquellos expedientes que se quedaron sin resolver, ya sean de corrupción, injusticia, influyentismo y abusos de autoridad.
En paralelo, López Obrador también deberá entender que las expectativas elevadas construidas desde su base social, no soportarán mucho las culpas repartidas en sus antecesores. Aunque pidió paciencia a sus seguidores, el hartazgo social hacia la clase política es tan elevado, que difícilmente podrán soportar la falta de resultados en el corto plazo, y una cadena de promesas constante, sin antes hacer tangible una mejora en condiciones cercanas.
