Este fin de semana se cumplió un año de haberse declarado la alerta de género en once municipios del Estado de México, sin embargo, a la distancia ésta no se convirtió en un decreto de gobierno que pudiera, por mera voluntad política, abatir la violencia en contra de las mujeres o marcar soluciones a la problemática de feminicidios, y cuyos esfuerzos institucionales hasta ahora parecen insuficientes.
De parte del gobierno de Eruviel Ávila Villegas se advierten esfuerzos aislados que no son seguidos ni replicados por las autoridades municipales, quienes no tienen dentro de sus prioridades la atención a al problema.
La alerta de género no puede reducirse a un asunto abordado por organizaciones civiles, sin la atención necesaria por parte de los gobiernos estatal y municipales, que deben asumir acciones más contundentes, en tanto que la creación de órganos, consejos o comisiones especiales, sólo quedan como un testimonio histórico pero no aterrizan resultados que hoy posibiliten reflejar una reducción en la violencia que sufren las mujeres en los municipios de mayor riesgo o vulnerabilidad.
Las autoridades estatales y municipales, no pueden desestimar la violencia contra las mujeres, para sólo atribuir su alta incidencia a la densidad poblacional o casos aislados que se limitan a prácticas particulares. El problema de la violencia de género debe ser atendido en todas sus causas y su apropiada dimensión, para entender la necesidad de construir una estrategia en donde las mujeres obtengan no sólo igualdad de oportunidades sino que los roles sociales que desempeña sean herramienta para evitar sus márgenes de vulnerabilidad.
La violencia de género no puede admitir sólo meros pronunciamientos discursivos o acciones mediáticas como los días naranja, que no logran incidir en que parte de la sociedad es la principal responsable de la alerta de género, en la medida que sus acciones, expresiones y motivaciones reflejan un tejido social quebrantado y de amplia desventaja para las mujeres.
El Estado de México es uno de los estados más violentos en materia de género, que requiere actuar en dos dimensiones elementales: la prevención de la violencia, a través de un trabajo institucional y social que reduzca índices de vulnerabilidad a la mujer en su entorno; así como el combate a la impunidad, para que los agresores de las mujeres sean castigados conforme a la aplicación de la legalidad y garantizar la aplicación del Estado de Derecho.
La alerta de género pone de manifiesto carencias que no han podido ser atendidas de forma eficiente por las instituciones gubernamentales , pero que a la fecha siguen como una asignatura pendiente inadmisible, que debe resolverse con una toma de decisiones que tome en cuenta a la sociedad civil, a las víctimas y a experiencias de éxito para revertir la tendencia actual.
Las mujeres son un sector social que merece respeto pero sobre todo garantías en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Las políticas públicas encaminadas a su inclusión social hasta ahora han demostrado ser un absoluto fracaso y por esa misma razón, es necesario y urgente que el Estado de México comience a actuar de forma distinta para modificar su realidad.
