Toluca, Edomex; 30 de septiembre de 2022.- Todo apunta a que la alianza electoral entre PRI, PAN y PRD está consolidada para las elecciones por la gubernatura del Estado de México. La condicionante que habían marcado panistas y perredistas era tener garantizados espacios en el gabinete estatal; y con la ley de los gobiernos de coalición, esa coyuntura política ha sido resuelta.
En el fondo, todo hace suponer que, en privado, el PAN y el PRD habrían cedido de facto la candidatura al PRI, por ser el partido en el gobierno y el que mayor número de votos ha alcanzado en el registro histórico de las votaciones locales.
Es decir, tanto Enrique Vargas como Omar Ortega ya habían asumido que sus aspiraciones electorales son insuficientes para volverse candidatos; y el pretexto para claudicar en su intención política, será la paridad de género del 2023. La condición que ahora impondrán los priístas resulta clara: la negociación se da entre dirigentes partidistas, y quedarán excluidos las y los aspirantes que han aparecido en espectaculares durante los últimos meses, y más si se reunieron en las últimas horas para abonar al sospechosismo.
Lo cierto es que, Morena no está dispuesto a ceder espacios de poder a sus eventuales aliados electorales del PT, PVEM y Nueva Alianza, por lo que buscará echar abajo la ley de gobiernos de coalición, cuando la mayoría de las encuestas le otorga una gran ventaja para triunfar en las urnas en junio del año entrante.
De acuerdo con los morenistas, la reglamentación aprobada en el Congreso local con el voto el rechazo absoluto del partido guinda, podría ser inconstitucional por considerar parámetros propios de un régimen parlamentario -al considerar la ratificación del gabinete por parte de la Legislatura estatal-, aun cuando el régimen presidencialista es dominante en todos los preceptos legales del país.
El triunfo festejado por panistas y perredistas podría caerse prematuramente.
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Desde la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos se ha solicitado a la Legislatura local detalles específicos sobre el dictamen aprobado con relación a la legalización del matrimonio igualitario, para evaluar las implicaciones de la nueva reglamentación en otros ámbitos legales en la vida pública del estado.
Sin embargo, los diputados locales también decidieron aplazar su aprobación por el pleno legislativo hasta el 11 de octubre; lo que ha llamado a la suspicacia de que, en ese largo periodo, priístas y panistas podrían ser sujetos a presiones por parte de las élites políticas y sociales más conservadoras, y dar marcha atrás al matrimonio entre personas del mismo sexo en la entidad mexiquense.
Para Maurilio Hernández -presidente de la Junta de Coordinación Política- no hay nada de qué preocuparse, y las reformas legales se aprobarán sin mayor resistencia, una vez que se ha logrado dictaminar en comisiones legislativas. Pero en materia de reformas progresistas, y ante una sociedad tan conservadora como la mexiquense, lo mejor es no confiarse, y más en tiempos electorales.
No vaya a ser que, tras el rechazo a la ley de gobiernos de coalición por parte de los morenistas: la mayoría del prianismo vaya en contra del matrimonio igualitario en el pleno legislativo.
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