Toluca, Edomex. 29 de marzo de 2016.- Poco a poco, la constructora OHL México se hunde en sus propias contradicciones y ahonda su crisis institucional. Lo que empezó como un diferendo particular entre Infraiber y OHL, se ha profundizado para destapar eventualmente un caso de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de interés entre la constructora española con las autoridades mexicanas. De forma institucional, ya es oficial que existen inconsistencias e irregularidades en los registros contables de OHL, lo que ya le costó una multa superior a los 71 millones de pesos.
Es importante determinar si en las acciones de OHL, sobre un diferendo de sus activos y pasivos empresariales, existió omisión, negligencia o dolo. En adelante, las diferentes autoridades que anticipadamente exculparon a OHL de cualquier acto de corrupción estarán obligadas a investigar cualquier indicio irregular. Lo que está en juego es la credibilidad de las instituciones. Para OHL más allá de la multa, lo que ha perdido es confianza en el mercado financiero, y en consecuencia se derribará su círculo de negocios con el sector público.
Infraiber ha ganado terreno en su diferendo con OHL. Cuestionado por la ilegal intervención de llamadas telefónicas, lo cierto es que la sospecha y las inferencias que Infraiber ha desarrollado, acerca de los beneficios obtenidos por OHL desde una cercana relación con los gobiernos federal y mexiquense, paso a paso se han ido comprobando. Hoy, la razón legal y contable está del lado de Infraiber y su exigencia por monitorear los registros de circulación de las carreteras administrativas por OHL.
El gobierno mexiquense no puede ser omiso o silencioso ante las evidencias de inconsistencias que rodean a OHL. Es momento de responder a las acusaciones de corrupción en la relación con la constructora española. Lo que está en juego no sólo es un amplio negocio de proyectos carreteros concesionados sino la confianza en las instituciones que tanto defienden. Los cuestionamientos contra funcionarios mexiquenses van desde las vacaciones pagadas a favor de Apolinar Mena hasta los sobreprecios de las autopistas construidas por OHL en el Estado de México, validadas por funcionarios mexiquenses, presentes y pasados.
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Eruviel Ávila compró un añejo problema, el de mayor costo político y social del exgobernador y hoy presidente Enrique Peña. En mayo de 2006, la represión policíaca lo volvió una noticia internacional por el caso Atenco. A casi diez años de distancia, Eruviel buscó fallidamente atender y regular la actuación policíaca, pero con un instrumento legal excesivo y discrecional. Las organizaciones sociales han encontrado el resquicio suficiente para reavivar un conflicto que ya se daba por superado, cuyo costo político cobrará factura al eruvielismo.
En materia de derechos humanos existe una regla general: no se pueden restar ni retroceder los pasos ganados. Hoy las organizaciones sociales se sienten laceradas en cualquier intento por manifestarse. En Puebla, a Rafael Moreno Valle le costó la vida de un menor para recular y echar abajo la Ley Bala. Eruviel está a tiempo de reconsiderar la Ley Atenco, pero sus asesores le han insistido en que se mantenga firme y no ceda a presiones, que en este caso son válidas razones.
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