Toluca, Edomex; 26 de febrero de 2020.- El movimiento generado al interior de la Universidad Autónoma del Estado de México ha expuesto una realidad que lacera principalmente a mujeres estudiantes, que se han atrevido a denunciar. Por ahora, la UAEM ha ofrecido un acompañamiento en los procesos legales que se difunden; aunque lo importante es que las denuncias trasciendan lo mediático y coyuntural. La protesta se ha extendido por once planteles de la institución de forma genuina. Es imprescindible, además, que se garantice evitar cualquier represalia.
A pesar de que la problemática atañe a la gobernabilidad de la Universidad, las autoridades universitarias han decidido que el problema sea atendido por la oficina de abogado general. En paralelo, se ha excluido a la Secretaría de Rectoría de cualquier intervención para evitar que las cosas se salgan de control como en otras crisis internas de los últimos 15 meses.
En las altas esferas universitarias, ven como un bálsamo el puente que tendrán entre el sábado 29 de febrero y el martes 3 de marzo que les permita reorganizar su accionar en la vida interna de sus planteles. Desde la gubernatura, aunque dicen respetar la autonomía, ven con preocupación las condiciones que se van gestando en la Universidad Autónoma del Estado de México, para evitar que las protestas se trasladen a otros ámbitos políticos o sociales.
Para el próximo 3 de marzo, es inevitable que el rector Alfredo Barrera dedique una parte de su mensaje por su tercer informe de labores a las acciones que ocurren al interior de los espacios universitarios. Deberá estar del lado correcto de la historia: el de las víctimas de acoso sexual. Ahí estará la nota, como se dice en el argot. Y la promoción de sus logros y acciones deberán pasar a un segundo plano, y eventualmente a semanas posteriores.
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Ahora sí, la mayoría de los secretarios integrantes del gabinete delmacista son responsables regionales de la seguridad del Estado de México. Aunque la mayoría tiene un perfil tecnócrata, han sido designados en sus gabinetes regionales para supervisar en paralelo las estrategias contra la delincuencia. Mensualmente deben hacer una evaluación y reportarla a gubernatura, como una de las prioridades de la administración estatal hacia los próximos meses. De esa responsabilidad han eximido a Rodrigo Jarque, de Finanzas; a Javier Vargas, de la Contraloría y a Jorge Rescala del Medio Ambiente, a quienes no se asignó responsabilidad en alguna región.
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La dirigencia del PRI estatal ha encomendado a sus coordinadores regionales visitar los municipios bajo su encargo. Han comenzado a realizar un diagnóstico de la derrota electoral de 2018, y buscan la reorganización de sus estructuras electorales. En algunas localidades, a pesar de tener nuevos presidentes de seccionales, lo que prevalece es la apatía, el descontento y el hartazgo. Algunos priístas reniegan u ocultan su militancia. La hazaña para poder acceder a los programas sociales que impulsa el gobierno lopezobradorista. El panorama es desolador, advierten los coordinadores y delegados del partido.
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