Toluca, Edomex. 22 de febrero de 2019.- La Guardia Nacional no solucionará por decreto el problema delictivo. Alfredo Del Mazo ya puso su parte del trato con Andrés Manuel López Obrador. El priísmo avanzará lo necesario para darle los elementos legales. El gran reto transita por fortalecer las policías locales, que incluya limpiar las corporaciones estatales y municipales. El funcionamiento de la Guardia Nacional llevará al menos un año, y mientras tanto la incidencia delictiva preocupa y lacera al estado. El combate a la inseguridad es una promesa de campaña delmacista en la que simplemente poco se ha podido avanzar.
Ahora bien, la estadística criminal no sólo es un tema de policías y ladrones. Hasta el momento, los esquemas de prevención del delito, recuperación de espacios públicos y reconstrucción del tejido social han fracasado. Los factores son múltiples: recursos insuficientes; esfuerzos institucionales aislados; falta de continuidad en los proyectos; y la nula evaluación de las políticas públicas. Algo deberá construir Del Mazo para cambiar una estrategia hasta ahora fallida de los últimos cinco sexenios.
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La Estafa Maestra II. La Auditoría Superior de la Federación ha comenzado a exhibir nuevas observaciones del sexenio peñista. Se trata de inconsistencias detectadas en la cuenta pública de 2017, en la que se establece un desvío de recursos públicos que asciende a 350 millones de pesos. El esquema, el mismo que usaron en 2013 y 2014, a través de contratos con ¡universidades públicas!, ahora por parte de la Sedatu de Rosario Robles y la Sagarpa de José Calzada.
De acuerdo al informe presentado ante San Lázaro, en 2017, la ASF habría presentado 18 denuncias penales contra la Sedesol y un puñado de universidades, que incluyen dos del territorio estatal: la Universidad Intercultural y la Tecnológica del Sur del Estado de México. Ese mismo año, se evidenció la Estafa Maestra I, en la que participaron once dependencias del gobierno federal y ocho universidades públicas, para otorgar supuestos servicios que terminaron en la subcontratación de empresas irregulares o fantasma, y los recursos desaparecieron.
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Los municipios, poco a poco, han ido aprobando sus presupuestos anuales, cuyo plazo vence el próximo lunes 25 de febrero. Los ayuntamientos en su mayoría se han apretado el cinturón, y han presumido de entrada, una reducción de su gasto corriente, particularmente en los sueldos y privilegios de los altos funcionarios. Otros más se han comprometido a reducir su nómina.
Falta por leer la letra chiquita. Y entender que todo esfuerzo de contención del gasto se debe traducir en generar una mayor inversión pública: es decir, más obras y mejores servicios. Además de establecer esquemas que mejoren su capacidad de recaudación, tener mayor transparencia en el ejercicio de los recursos, y no por evitar el costo político, depender de las participaciones federales y estatales en el gasto público.
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