Toluca, Edomex. 19 de julio de 2016.- Juan Armando Hinojosa trascenderá en el sexenio como el símbolo de la corrupción y el conflicto de interés del peñismo. El propietario del Grupo Higa y constructor de la famosa “Casa Blanca”, resurgió por su actuación sospechosa y ventajosa como uno de los contratistas favoritos del actual gobierno, con la simple promulgación de seis leyes anticorrupción. De ser un auténtico desconocido saltó a una fama indeseable por la cercanía insana con el presidente, su familia y su gabinete.
Juan Armando ha preferido la opacidad, el silencio y la omisión antes que salir a desmentir las sombras, los mitos y las inconsistencias de su figura empresarial. La normalidad con que se pretende asumir la relación personal entre Peña Nieto e Hinojosa que los llevó a hacer negocios juntos, y obtener favores mutuos, en cualquier país democrático hubiera llevado a la renuncia del primero, y a una investigación fiscal profundo para esclarecer la riqueza del segundo. No es normal una insana cercanía entre la clase gobernante con la empresarial por implicar tal relación un pernicioso conflicto de interés.
A pesar de las mediáticas disculpas peñistas, algunos integrantes del gabinete se mantienen en la soberbia de la indiferencia. En su momento, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray pretendió fallidamente justificar la compra de una casa de descanso en Malinalco a Hinojosa. Sin embargo, hay un tufo de sospecha corruptora, que el titular de Hacienda se brinque al sistema bancario y crediticio para adquirir una vivienda en condiciones ventajosas a un proveedor gubernamental consentido, en la víspera del ascenso presidencial de su jefe.
El priísmo de Enrique Ochoa ha comenzado a generar un ejercicio autocrítico de la estela de corrupción que han heredado los gobernadores Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte. No obstante, poco se ha dicho de la presunta corrupción, conflictos de interés y opacidad que han lacerado al gobierno peñista que lo han lastimado en sus evaluaciones personales. En el desprestigio presidencial se explica la debacle priísta por encima de los excesos de gobernadores en las elecciones locales de junio pasado.
En el plano mexiquense, Eruviel Ávila ya ha advertido que la percepción de corrupción debe ser abatida en la víspera electoral. El pasado 30 de junio, los actuales gobiernos municipales concluyeron las observaciones de inconsistencias e irregularidades de los exalcaldes. Para dar un golpe de autoridad, el gobierno eruvielista deberá demostrar que aunque haya expresidentes en su gabinete, esa condición no es sinónimo de impunidad. Hay elementos de sobra de exalcaldes que son unos pillos, y dejaron en bancarrota a los ayuntamientos que presidieron entre 2012 y 2015.
Hasta ahora el único caso de castigo lo representa el exedil de Naucalpan, David Sánchez Guevara. El priísta encarcelado por peculado parece más una venganza política que un caso de justicia ejemplar. Para convencer del combate a la corrupción el priísmo necesita mucho más que linchamientos mediáticos para transitar hacia procesos legales en contra de una clase gobernante acostumbrada a los excesos en medio de un sistema de impunidad.
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