Toluca, Edomex; 15 de abril de 2020.- Ignacio Pichardo era un exgobernador discreto. Evitaba tener el ánimo injerencista de los exmandatarios. Su estilo personal tampoco gustaba de los reflectores. Su momento cumbre, lo alcanzó como gobernador interino entre 1989 y 1993. Entró en relevo de Mario Ramón Beteta, defenestrado por Carlos Salinas, tras la derrota de la elección presidencial de 1988, donde Cuauhtémoc Cárdenas arrasó en territorio mexiquense. Tras complicaciones de salud, ayer falleció el exmandatario.
Desde la gubernatura, condujo la recuperación electoral priísta en los comicios intermedios de 1991. Heredó la gubernatura a Emilio Chuayffet. De la mano de Pichardo, el priísmo nacional logró la victoria de Ernesto Zedillo en las cruentas elecciones de 1994. En la operación electoral, el exgobernador echó mano de Humberto Lira Mora, y su pupilo más avezado, Arturo Montiel. Las tres piezas fueron recompensadas con posiciones en el gabinete zedillista.
Su retiro político, implicó su exilio personal. De forma discreta, impulsó la carrera política de su hijo del mismo nombre. Obtuvo cargos menores durante el montielato; y el sexenio peñista. Entre 2009 y 2015, se convirtió en diputado federal y diputado local por el distrito de Valle de Bravo, la zona de influencia de su padre. En 2018, fue designado coordinador de campaña de Pepe Meade en el Estado de México. Su otro hijo, Alfonso, optó por la carrera musical como vocalista del grupo de pop, Moenia.
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El próximo lunes se cumplirá un mes de la cuarentena sanitaria por el coronavirus. Los efectos ya son devastadores. La recaudación de impuestos locales ha decrecido sustancialmente. El gobierno estatal tiene cerradas oficinas para hacer trámites de emplacamiento, licencias, verificentros y otros servicios administrativos. A nivel municipal, los ayuntamientos han visto caer el cobro de predial y agua potable, como parte de sus recursos propios para la integración de sus presupuestos municipales.
En el mediano plazo, se estima que también se recortarán las participaciones federales y estatales destinadas a los ayuntamientos. El impacto implicará una reducción de hasta el 10 por ciento de su presupuesto respecto del año anterior. Desde ya, las directrices fiscales a nivel municipal, han obligado a disminuir algunos programas gubernamentales. Otros proyectos de inversión pública simplemente deberán ser cancelados. Los ayuntamientos entrarán en una crisis financiera gravísima, insostenible para municipios rurales.
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Por si algo faltará, en medio de la emergencia sanitaria, se avecina una dura etapa para el sistema carcelario. Las condiciones de hacinamiento no son las más deseables para afrontar una contingencia de salud. Si afuera, los mexiquenses no encuentran la infraestructura para atender sus dolencias médicas, la situación adentro de los penales debe ser insostenible. Por si fuera poco, el control al interior de los centros penitenciarios está sujeto a otros cotos de poder, y no necesariamente a los gubernamentales.
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