Toluca, Edomex; 7 de febrero de 2020.- El gobernador Alfredo Del Mazo y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero se reunieron ayer en el Palacio de Covián para coordinar esfuerzos en materia de seguridad. La presencia del crimen organizado y la colindancia del Estado de México con entidades como Michoacán y Guerrero han encendido algunas señales de alerta. Pese a la interlocución entre los gobiernos de México y del Estado de México, la estadística criminal no disminuye, muy por el contrario, crece en determinados índices.
Los delitos de alto impacto son la gran preocupación de las autoridades federales y estatales. En las últimas semanas, el gobernador Alfredo Del Mazo ha mencionado, en al menos dos ocasiones, la amenaza que representa la extorsión para la entidad. Los reportes de inteligencia apuntan que el delito ha aumentado en los últimos tres meses, vinculados con grupos del crimen organizado del sur de la entidad y del estado de Michoacán, quienes piden derecho de piso a distintos giros comerciales.
El sector más afectado hasta ahora son medianos empresarios asentados en el Valle de Toluca, a quienes se les piden distintas cantidades de dinero para dejarlos operar sus negocios. Los grupos criminales pretenden instaurar un cobro a cambio de otorgarles protección. Algunos incidentes hechos pasar como asaltos, están vinculados a la extorsión de la delincuencia organizada. El problema se tiene plenamente identificado por las áreas de inteligencia.
Lo realmente preocupante es que, hechos criminales se han comenzado a normalizar en la vida cotidiana del Valle de Toluca. La Policía Estatal trabaja en identificar los vínculos delictivos. Sin mucho éxito pretende impulsar una tarea de prevención. La coordinación con las distintas áreas de seguridad es por decir lo menos insuficiente. En lo inmediato, da la impresión que las reuniones semanales de seguridad no han dado los resultados esperados por la sociedad.
En la Fiscalía de Justicia existen las denuncias desde hace algunos meses. Desde distintos giros comerciales, el sector empresarial ha mostrado su preocupación. La inoperancia de los ministerios públicos no ha concluido satisfactoriamente ningún expediente. El sector restaurantero, automotriz y hasta de transporte público han sido víctimas ya de la extorsión y los asaltos. Los expedientes se acumulan y las autoridades ministeriales guardan silencio.
Las policías municipales prefieren voltear a otro lado. Sus limitaciones estructurales y humanas los hacen parte del problema más que de la solución. Los alcaldes buscan evitar el costo político de la inseguridad, y prefieren hacerse a un lado, algunos por omisión, y otros más por negligencia o incapacidad.
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