Toluca, Edomex. 22 de octubre de 2014.- Tlatlaya no sólo representa la mayúscula violación a los Derechos Humanos, perpetrada por el Ejército Mexicano que masacró a un presunto grupo criminal. Es también la mayor afrenta por parte del gobierno de Eruviel Ávila que toleró un abuso de poder, tortura y al menos 15 ejecuciones, en una actitud omisa o negligente por parte del mandatario mexiquense, de su procurador y de sus investigadores ministeriales exhibidos por su incompetencia o complacencia. El Estado de México tiene un sistema de instituciones con tufo de corrompido.
Si la pésima actuación de la procuraduría de justicia mexiquense fue por negligencia e incompetencia sería muy penoso, lamentable; pero si fue por omisión y en complicidad, peor, mucho más vergonzoso. El estado de cosas en que se ha exhibido a peritos y ministerios públicos explica el grado de impunidad que padece la entidad, y manifiesta las causas de que el crimen prolifere por las calles. Es la tierra de nadie y el estado sin ley. Eruviel tiene un desafío que vencer, en contra de sus propios colaboradores, sobre todo aquellos que le fueron impuestos en el gabinete desde marzo pasado.
No es la primera vez que se desnuda a la Procuraduría General de Justicia mexiquense. Hace ya cinco años, que Alfredo Castillo -hoy virrey en Michoacán- fue incapaz de encontrar el cadáver de una niña so pretexto de que su equipo de caninos investigadores sólo identificaba personas vivas, lo que le costó la chamba a su jefe político Alberto Bazbaz. A la vuelta del camino, Alejandro Gómez Sánchez –actual procurador- es un empleado y enviado de Castillo al equipo de Eruviel, y fue incapaz de advertir una alteración en la escena del crimen, donde horas antes militares habían ejecutado a 15 criminales rendidos. Nada a cambiado.
De sólo pensar que permanecen las prácticas del tehuacán y los toques en los genitales como los métodos más efectivos para interrogar en el Ministerio Público, la escena resulta escalofriante. La tortura como una herramienta que permanece en el imaginario de quienes dicen procurar justicia. De ese tamaño es lo que ha puesto al descubierto la CNDH, y que la clase política mexiquense silencia. Ser cómplice desde la oposición del gobierno eruvielista, en un momento tan aciago, representa ser parte de un régimen que violenta sistemáticamente las garantías individuales de la población.
Por decencia, el procurador Alejandro Gómez Sánchez está obligado a renunciar. Su cargo, a nadie escapa, depende de la ratificación de la legislatura mexiquense, por lo que la muy raquítica oposición que ahí sobrevive, debería por lo menos simular un tanto su contrapeso de poder, para exigir la dimisión del abogado de los mexiquenses. Es inadmisible, frente a la ola de violencia que padece el Estado de México permitir una procuraduría de justicia tan endeble y vulnerable. La premisa de Alejandro Martí vuelve a tomar vigencia: “si no pueden con el cargo, renuncien”.
Eruviel fue exhibido por la premura de ratificar la actuación del Ejército, y particularmente al gobierno de Enrique Peña. El ecatepense debe estar lamentándose porque sus dichos hoy lo tienen entrampado. En congruencia absoluta, Ávila debería expresar una condena enérgica para que los abusos cometidos por los militares no se repitan, más frente a la amenaza que implica su presencia en casi una veintena de municipios mexiquenses, donde las policías municipales no son confiables, y la policía estatal ha sido rebasada por la presencia criminal. Eruviel debiera erigirse como el político envalentonado, que algún día le arrebató a Atlacomulco la candidatura a gobernador, pero está claro que muy poco o nada queda de ese arrebatado alcalde de Ecatepec.
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