Toluca, Edomex. 14 de noviembre de 2014.- La designación de Luis Raúl González Pérez como nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos representa un gran desafío para resarcir la violación de derechos humanos en dos casos emblemáticos: la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y la matanza de 22 presuntos criminales a manos del Ejército. El desempeño del exabogado de la UNAM, exige también, autonomía respecto de componendas políticas o complacencias con el poder.
La llegada de Luis Raúl González supone además el regreso del denominado grupo UNAM para retomar el control político de dicho organismo. Una Comisión que nació bajo el cobijo de académicos de la UNAM como Jorge Carpizo MacGregor y Jorge Madrazo Cuellar, que luego desarrollaron carrera al frente de la Procuraduría General de la República. La llegada de González Pérez, abre un escenario para que los gobiernos vuelven se sujeten al respeto y reconocimiento de garantías individuales.
Los últimos 15 años han sido una pesadilla para los Derechos Humanos del país. Primero de la mano de José Luis Soberanes, y en tiempo reciente de Raúl Plascencia. En general, la CNDH perdió credibilidad, en tanto que extravió la rigurosidad jurídica de sus observaciones, y se volvió acomodaticia a los intereses del poder político. La ecuación se completó en una sistemática violación a los derechos humanos en agravio de los ciudadanos.
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El asentamiento del narco en el Estado de México ha dejado de ser un caso aislado. El desmantelamiento de un laboratorio de los Beltrán Leyva, asentado en la zona metropolitana, deja al descubierto que la entidad mexiquense no sólo es un refugio de criminales, sino un centro de operación para el tráfico de marihuana y cocaína. El municipio de Naucalpan, como un núcleo de criminales frente a la inacción o la complicidad de las autoridades locales.
Las zonas urbanas, ya sea de la zona oriente por su alta marginación, o bien la región norponiente por su avanzado desarrollo residencial, se han convertido en sitios de presencia criminal. Los índices delictivos no dejan lugar a duda. Las ejecuciones, lo mismo en Naucalpan, Huixquilucan e Izcalli, ocurren con la misma cruenta violencia que en Ecatepec, Neza e Ixtapaluca.
La presencia de fuerzas federales a lo largo del Estado de México sólo ha venido como una reacción a la acción criminal. La estrategia sólo genera más violencia. El Ejército Mexicano o la Marina Armada, han quedado muy lejos de apaciguar la plaza, y han generado en el presente año, más sospechas, actos violentos y escándalos de los ocurridos hasta antes de su presencia. La matanza ocurrida en Tlatlaya es sólo un botón de muestra.
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