Israel Dávila
Xochicuautla, Edomex. 13 de mayo del 2019.- Xochicuautla no se vende, fue la consigna con la que este lunes, pobladores de esta comunidad enclavada en la zona alta del Lerma, expresaron su rechazo a los acuerdos alcanzados entre el Consejo Supremo Indígena de la localidad y el gobierno del estado en abril pasado para permitir la conclusión de la autopista Naucalpan-Toluca. Hoy no solo desconocieron al CSI sino reafirmaron su oposición a la construcción del proyecto carretero.
Los pobladores de Xochicuautla también acusaron que Autovan, encargada de la construcción de la autopista, incurre en desacato pues viola permanentemente las resoluciones judiciales que han dictado jueces de distrito y tribunales en materia administrativa, que han ordenado la suspensión de los trabajos hasta en tanto no se resuelvan los juicios de fondo.
Los pobladores, encabezados por Jaime Vargas, quien presuntamente fuera desconocido por el CSI, se quejaron que los notarios del Estado de México se hanc confabulado para no acudir a Xochicuautla a dar fe de que Autovan sigue con las obras de la autopista, pese a las resoluciones judiciales que se lo prohíben, lo que les hace suponer que existe una instrucción del gobierno estatal a los fedatarios para que ninguno se presente en la comunidad.
Por enésima ocasión, desde 2007 cuando dio inicio el proyecto de la autopista, existe una disputa por la representatividad de los intereses de San Francisco Xochicuautla.
El pasado 3 de abril, el Consejo Supremo Indígena de la comunidad informó que tras más de dos años de diálogo y negociación con el gobierno del estado se había llegado a un acuerdo para permitir la culminación de esta autopista, concebida hace más de 15 años, que pretende conectar la zona poniente del Valle de México con el Aeropuerto Internacional de Toluca.
En 2006, el gobierno estatal lanzó la licitación para construir esta autopista y en 2007, emitió el fallo y asignó la obra a la empresa Autovan, filial del consorcio Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los contratistas predilectos de Peña Nieto.
De acuerdo con el contrato, la obra de 39 kilómetros de longitud tendría un costo de mil 449.5 millones de pesos y la construcción de la misma llevaría 24 meses, por lo que se tenía proyectada su entrega e inauguración en mayo del 2009; sin embargo la oposición de varios pueblos de Toluca, Lerma, Huixquilucan y Naucalpan, fueron retrasando la obra y en 2013, 2014, y 2015, ya con Enrique Peña como presidente de la república se expidieron decretos expropiatorios en Lerma y Huixquilucan para asegurar la terminación de la obra.
Xochicuautla fue una de las comunidades que impugnó los decretos de expropiación y lograron obtener cuatro suspensiones definitivas en igual número de juicios de amparo.
Durante varios años de lucha, la comunidad de Xochicuautla se fue dividiendo, pues las autoridades compraban a los representantes de bienes comunales y parte de los vecinos.
Esto unió más aún al grupo de pobladores de origen indígena que determinaron crear en 2013 el Consejo Supremo Indígena, bajo los usos y costumbres de la comunidad, quienes fueron los promotores de los amparos.
A raíz de que en 2015 se dio un enfrentamiento con policías, tras la demolición de una vivienda de un vecino de Xochicuautla y por recomendaciones de algunos colectivos internacionales, se instalaron mesas de negociación con el gobierno del estado, que duraron poco más de dos años.
Los pobladores ahora inconformes señalan que los acuerdos alcanzados por el Consejo Supremo Indígena (CSI) nunca fueron consultados con la comunidad y acusan que ninguna de las reuniones se realizaron en Xochicuautla, sino en Toluca o en la Ciudad de México.
Los acuerdos del CSI se debían tomar por unanimidad de sus integrantes para cobrar vigencia, pero uno de ellos, Jaime Vargas, se opuso, y tiempo después fue sustituido por otro integrante y así se pudieron tomar los acuerdos.
Hoy Jaime Vargas acusó que se le sustituyó ilegalmente y que los acuerdos que signó el CSI no tienen validez.
“cuando constituimos el Consejo Supremo Indígena se fijó que nadie podría negociar tierras, y solo la máxima autoridad, que es la Asamblea, podría tomar decisión sobre estas y la Asamblea siempre ha dicho que no al proyecto de la autopista”, dijo Vargas.
El abogado del movimiento Hugo Carreón señaló que le proyecto de la autopista solo es la puerta de entrada a otros desarrollos, como los de índole inmobiliario que terminarán por devastar la zona boscosa del Alto Lerma.
Aunque la autopista lleva un avance del 90 por ciento en su construcción , los pobladores de Xochicuautla han pactado unirse con otras comunidades afectadas por el proyecto como San Lorenzo Huitzizilapan, en Lerma y Santa Cruz Ayotuzco de Huixquilucan, quienes anunciaron un frente común para iniciar de nuevo la lucha jurídica y social por los recursos naturales de esta zona del estado.
