Francisco Paredes
Toluca, Edomex, a 7 de mayo del 2017.- El conflicto por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, que es construida por Grupo Higa, uno de los contratistas predilectos de Enrique Peña Nieto, cumple este mes diez años. Durante este periodo, los comuneros de San Francisco Xochicuautla han resistido los embates de los grupos de poder, tanto políticos como económicos para poder construir la pista que unir al aeropuerto internacional de Toluca, Adolfo López Mateos, con las zonas residenciales de la zona poniente del Valle de México.
La ejecución de esta obra estaba planeada para un periodo 18 meses de construcción pero la oposición de esta comunidad y otras que al inicio rechazaron la edificación de la autopista sobre sus tierras, han retrasado los trabajos a lo largo de 10 diez años.
Primero fue una resistencia social, luego vino una defensa jurídica, en la que durante 120 meses, los comuneros han demostrado a jueces y magistrados que sus tierras son sagradas, que la obra causaría un severo daño ambiental y que los procedimientos del gobierno y la constructora no han sido los adecuados.
Durante años, tanto en instancias nacionales como internacionales, los comuneros de San Francisco Xochicuautla han demostrado que el proyecto de la autopista Toluca Naucalpan causará devastación a un área natural protegida denominado Bosque de Agua y el Bosque Otomí-Mexica, pero sobre todo que la carretera no se justifica pues ya existen vialidades tanto de cuota, como libres que unen el poniente del valle de México con el Valle de México.
“Cualquier intento de despojarnos de nuestras tierras para proyectos de desarrollo violenta nuestras tradiciones y cosmovisión indígena y viola el derecho a la consulta libre, informada y fundamentada en la constitución y en los tratados internacionales firmados por México.”, señalaron representantes del Frente de Pueblos Indígenas en Defensa de la Madre Tierra.
Debido a los litigios interpuestos por las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla, la construcción de esta vía se tuvo que suspender entre los kilómetros 16 al 19, pertenecientes a esta región.
En un intento de reactivar la obra, el gobierno federal emitió un decreto expropiatorio en 2015, donde hubo visos de irregularidad pues no se cumplieron con algunos procedimientos como la consulta a la comunidad. El decreto fue impugnado por Xochicuautla y los jueves ordenaron la suspensión de la obra hasta en tanto no se emita una sentencia final sobre el asunto.
Apenas el 24 de abril pasado, comuneros de San Francisco Xochicuautla denunciaron la intervención del gobierno estatal para la definición de la Mesa Directiva de Bienes Comunales, con lo que se podría autorizar la construcción de la autopista sobre terrenos de esta comunidad de origen indígena, por lo que adelantaron que se interpondrán nuevos recursos legales para evitar esta medida.
