Redacción
Ciudad de México; 16 de octubre de 2019.- Un tribunal Colegiado ordenó la reaprehensión de siete militares implicados en la matanza de Tlatlaya, Estado de México, acusados de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales durante un operativo del Ejército Mexicano en junio de 2014. Con base en la investigación ministerial, la Fiscalía General de la República ha imputado a siete elementos castrenses de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento.
Tras una investigación del orden militar y civil, los militares que participaron en dicho operativo fueron puestos en libertad, luego de que el mismo tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos. Sin embargo, por una reconsideración de las pruebas presentadas, los jueces han decidido la detención de los soldados acusados por las autoridades ministeriales.
Durante el operativo de Tlatlaya, se acreditó el asesinato de ocho personas, quienes derivado de una incursión militar en contra de un grupo de la delincuencia organizada, se habrían rendido, y no obstante ello, los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional dispararon en su contra.
La versión oficial apuntaba que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir, en una comunidad del municipio de Tlatlaya; en la que civiles habían atacado a los militares y que estos se habían defendido, con un saldo de 22 civiles muertos y un militar herido.
Meses más tarde, testimonios de una sobreviviente, y testigo de los acontecimientos, desmintió a los militares para relatar que, tras el enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a ocho civiles y el resto había caído en combate.
Una recomendación establecida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se integró un testimonio adicional y pruebas periciales, pudieron establecer la ejecución de entre 12 y 15 personas.
También se determinó que los militares modificaron la escena del crimen, movieron cuerpos y armas para apuntalar su versión. Una situación que fue omitida y solapada por los peritos de la entonces Procuraduría General de Justicia de la entidad.
El diario español El País, informó en la víspera que, la nueva orden de detención podría representar un giro en el caso, el cual se mantenía congelado desde la liberación de los militares en 2016.
La versión digital del periódico español apunta que la captura de los soldados depende de la voluntad de la fiscalía, reticente en el pasado a volcarse en este caso; así como de la capacidad del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas.
La resolución del Tribunal Colegiado derivó de una decisión previa de otro tribunal, que obligaba a éste a contemplar pruebas que antes fueron desechadas; entre las que se incluyen declaraciones de las testigos y el dictamen pericial que demuestra la manipulación en la escena del crimen.
La misma investigación periodística detalla que los militares acusados de homicidio y encubrimiento son elementos de tropa: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. El teniente que iba al mando esa madrugada, Ezequiel Rodríguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo enfrenta una acusación por ejercicio indebido, puesto que el tribunal considera que no hay pruebas de que él supiera qué ocurría dentro de la bodega, aunque estuviera a pocos metros.
