Redacción
Metepec, Edomex. 20 de octubre del 2015.- Las primeras indemnizaciones que pagará el gobierno del estado de México a victimas de violaciones a los derechos humanos serán las que extienda en las próximas semanas por los casos de Tlatlaya, ocurrido el año pasado, y de San Salvador Atenco, del 2006, derivado de actos de tortura cometidos por servidores públicos mexiquenses.
El procurador Alejandro Gómez Sánchez dijo que el Instituto de Atención a Víctimas del estado de México y el comité técnico interinstitucional encargado de definir los montos de las compensaciones, ya se encuentran trabajando en ambos casos y es cuestión de días para que se aprueben las cifras que se propondrán a las tres mujeres víctimas del caso Tlatlaya.
Estas mujeres fueron testigos presenciales de la ejecución extrajudicial que habrían cometido miembros del Ejército en contra de 22 civiles en una bodega de San Pedro Limón, las cuales fueron torturadas por agentes ministeriales con el fin de que revelaran lo que había pasado la madrugada del 30 de junio del año pasado en esa comunidad del sur del estado, de acuerdo a las conclusiones a las que llegó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por estos hechos está siendo procesados ocho servidores públicos de la procuraduría mexiquense, quienes enfrentan acusaciones por tortura, ante un juzgado de control de Toluca.
En el caso de estas tres mujeres, explicó el procurador Alejandro Gómez, ya se ha hecho la individualización del estudio y diagnostico para verificar si existen víctimas indirectas, como hijos, padres o hermanos que hayan resultado afectados por las violaciones sufrieron estas mujeres, para incluirlos dentro de la compensación por reparación del daño.
Cuando el comité técnico apruebe los montos se hará del conocimiento de mujeres y estas determinarán si aceptan o no la indemnización o si tienes alguna observación sobre la cifra propuesta.
También se trabaja en el caso de las once mujeres que sufrieron violaciones graves a derechos humanos por el caso de Atenco, derivado de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos les concedió la cantidad de víctimas del Estado mexicano.
En este caso, se está en la etapa de estudio para individualizar los casos, y posteriormente proponer un monto de indemnización por reparación del daño.
LA procuraduría cuenta con un presupuesto de 40 millones de pesos en el Fondo de Atención a Víctimas, los cuales empezará a ejercer en cuanto estas 14 mujeres acepten la compensación propuesta por el gobierno del estado
