Redacción
Toluca, Edomex; 30 de octubre de 2020.- El fiscal general de justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez reconoció la identificación de siete organizaciones criminales vinculadas al trasiego de drogas en el territorio estatal, los cuales tienen una presencia en las distintas regiones de la geografía mexiquense.
Durante su comparecencia ante el pleno de la Legislatura estatal, el funcionario estatal precisó que las entidades carecen de las herramientas jurídicas para desarrollar investigaciones en contra de la delincuencia organizada, sin embargo, abundó que actualmente se realizan indagatorias en coordinación con la Fiscalía General de la República para desarticular dichas organizaciones.
«En el Estado de México tenemos la presencia de la Familia Michoacana, particularmente en el sur del estado; del Cártel Jalisco Nueva Generación en aproximadamente 26 municipios, zona norte, zona nororiente y zona oriente. El Cártel de la Unión Tepito, el Cártel de Nuevo Imperio esto en la región Naucalpan, Huixquilucan, Tlalnepantla, el Cártel del sur, células del Cártel del Golfo y del Cártel de Sinaloa.
Ante los cuestionamientos establecidos por los diputados locales, Gómez Sánchez reconoció que el sur del Estado de México “raya en un problema de ingobernabilidad”, frente a la presencia de células del crimen organizado, en cuya región prevalece el tránsito de mercancías ilícitas, armas, cartuchos, vehículos robados y hasta personas privadas de su libertad.
“Estamos replanteando la estrategia, con el propósito de cortar las comunicaciones de la delincuencia organizada; impedir el libre tránsito de armas, vehículos robados y personas privadas de la libertad; además de dificultar al máximo sus ingresos por pago de cuotas derivado de extorsiones y secuestros, y el aseguramiento de inmuebles y varias empresas”, abundó.
El fiscal general de justicia reconoció que derivado de la emergencia sanitaria, en el periodo septiembre 2019 – septiembre 2020, se registró una disminución del 4.8 por ciento en la incidencia delictiva respecto del año anterior.
Sánchez Gómez atribuyó dicho comportamiento al confinamiento que ha exigido la pandemia por covid-19, no obstante, alertó que los efectos negativos en materia económica provocarán un aumento en la estadística criminal y la violencia, en la medida que se retomen actividades sociales y económicas.
Subrayó que en el periodo que se informa, se iniciaron 147 carpetas de investigación relacionadas con el delito de feminicidio, de las cuales se judicializaron 75 y se obtuvieron 41 sentencias condenatorias.
A pesar de la contingencia de salud, el delito de extorsión creció en un 13 por ciento respecto al año anterior. En este concepto, se presentaron 2 mil 483 denuncias, la mayoría de estas por acciones realizadas vía telefónica. En el año que se reporta, se detuvieron a 368 personas por este ilícito. Además, se registraron 154 carpetas vinculadas a proceso, en las que se tienen relacionadas a 247 presuntos delincuentes. Y se obtuvieron 67 sentencias condenatorias en contra de 107 extorsionadores.
Los municipios de mayor incidencia son Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tecámac, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Nicolás Romero.
Acerca de la incursión de policías de investigación a la visitaduría de Derechos Humanos en Ecatepec, Alejandro Gómez reconoció su responsabilidad de la actuación institucional como titular de la Fiscalía General de Justicia.
Precisó que se iniciaron nueve carpetas de investigación, tanto por la desocupación del inmueble de Derechos Humanos en Ecatepec, como por los disturbios ocurridos en la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza.
Afirmó que la decisión de entrar a las instalaciones de la Codhem puede ser una determinación calificada como apresurada e imprudente, sin embargo, insistió se realizó con fundamento en la ley. “Se trataba de un delito flagrante que se persigue de oficio, donde había menores de edad en una posible situación de riesgo”, agregó.
