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Redacción

Distrito Federal. 16 de abril del 2015.- El grupo de trabajo que integró la Cámara de Diputados federal para investigar los acontecimientos registrados la madrugada del pasado 30 de junio en una bodega de San Pedro Limón, Tlatlaya, Estado de México, concluyó que hubo “un uso ilegal, excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de algunos elementos del Ejército Mexicano, que tuvo como consecuencia que cuando menos 12 personas fueran privadas de la vida en un contexto de ejecuciones extrajudiciales”.

Los legisladores que integraban esta comisión especial investigadora, acordaron fijar en el documento final que se deben adoptar medidas legislativas tendientes a provocar el retiro gradual y paulatino de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, para que éstas sean asumidas por cuerpos policiacos civiles, donde se definan metas y estrategias.

Tras haberse reunido con las autoridades involucradas en los hechos, donde 22 personas -presuntos miembros de la delincuencia organizada- murieron acribilladas a manos de militares cuando ya se habían rendido, los diputados también fustigaron la poca colaboración que existió de parte del gobierno mexiquense y de la Procuraduría General de la República para conocer qué fue lo que exactamente sucedió aquella madrugada del pasado 30 de junio.

Señalaron que ni la administración que encabeza Eruviel Ávila, ni la dependencia que dirige Arely Gómez fue lo suficientemente sensible para colaborar con los diputados y entregarles algún documento oficial que relatara los acontecimientos, pues fueron ambas instancias quienes conocieron varias versiones de lo sucedido, pues estuvieron a cargo de la indagatoria.

Los diputados se quejaron que los representantes del gobierno del estado y la PGR que se presentaron ante esta comisión investigadora sólo se dedicaron a responder cuestionamientos de manera general y sin entrar en detalles.

En las resoluciones del trabajo de investigación que emprendieron este grupo de diputados plural, se estableció la necesidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) esclarezca las fallas en que incurrieron los soldados respecto a la protección y garantía de los derechos humanos, y sobre el cumplimiento de protocolos a los que se deben ajustar cuando existe una interacción con grupos civiles.

También se le demanda a la Sedena hacer lo necesario para garantizar que de ahora en adelante se cumpla con la obligación de resguardar la escena de hechos (delictivos) sin alteración alguna, contrariamente a lo que sucedió aquella madrugada del 30 de junio.

Los diputados además plantean en sus conclusiones, la necesidad de la PGR para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y por ende reiteró la solicitud de acceder a los avances que hay en las investigaciones y difundir las sanciones a que se harán acreedores todo aquel que haya cometida alguna arbitrariedad en aquel operativo militar.

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