Redacción
Atlacomulco, Edomex; 20 de octubre de 2021.- El coordinador General del Secretariado Técnico para el Análisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México (Sectec), Mauricio Valdés Rodríguez, se pronunció por establecer en la Constitución Política local que la autorización y entrega de concesiones para la operación de servicios públicos sea bajo el principio del bien público y de la población, no de unos cuantos.
Durante el Parlamento Abierto Región Norte Atlacomulco, se enfatizó que en repetidas ocasiones, los servicios concesionados por parte de las instancias gubernamentales terminan por beneficiar a unos pocos y no a toda la población, como con las autopistas que, cuando pasan por tiempos de mantenimiento o sufren algún daño, terminan afectando a las personas usuarias y no por ello disminuyen sus tarifas.
Ante la presidenta del Parlamento Abierto, Montserrat Ruiz Páez, expuso que los municipios mexiquenses cuentan con la capacidad para obtener la facultad constitucional de autorizar y entregar concesiones a privados para la operación de servicios públicos como el de taxis y mototaxis, o el de grúas y arrastre de vehículos, sin embargo, insistió en observar el beneficio de los usuarios de los servicios que puedan ser concesionados.
Por su parte, Armando Mateos Cedillo, presidente municipal de Morelos, apuntó que la Constitución y la legislación mexiquense ya no son compatibles con la realidad y hace falta actualizarlas, por lo que subrayó algunas leyes cuando pretenden aplicarse a cada realidad local resultan impracticables, como el caso del Sistema Municipal Anticorrupción que, para instalarlo y operarlo, requiere recursos que algunos municipios no tienen.
En su momento, Esperanza Dolores González Martínez y Roberto Téllez Monroy, alcaldesa y alcalde de Acambay y Atlacomulco, respectivamente, reconocieron la oportunidad que significa escuchar las voces ciudadanas, ya que eso dará fuerza y legitimidad a la reforma constitucional.
En la reunión de Parlamento Abierto participó la ciudadanía de 17 municipios de la región norte y personas servidoras públicas municipales, quienes plantearon propuestas en materia medioambiental, político-electoral, derechos de niñas, niños y mujeres, atención a embarazos tempranos y combate a la violencia de género, entre otros.
