Redacción
Toluca, Edomex. 30 de noviembre de 2015.- Más de mil 300 establecimientos comerciales donde se vendían bebidas alcohólicas, han sido clausurados por el gobierno mexiquense en los últimos tres años, pues además de que operaban en la ilegalidad, eran, en muchos casos sitios donde se cometían delitos o bien eran centros de operación de grupos delictivos, principalmente dedicados al narcomenudeo y trata de personas.
Los locales, en su mayoría bares, centros nocturnos y table dance, se ubicaban en la zona de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Nicolás Romero, y Tlalnepantla, entre otros, aunque también había en Toluca, San Mateo Atenco, Lerma y Almoloya de Juárez y Zinacantepec, o en el oriente como en Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca y Chimalhuacán.
Cada semana grupos especializados de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y verificadores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del estado de México (Coprisem) recorren las zonas donde se ubican los llamados giros rojos para hacer verificaciones.
Si se detecta que operan sin permiso son clausurados de inmediato. Muchos de estos han sido cerrados por no contar con el dictamen de impacto ambiental, o bien por no tener toda la documentación en regla.
Hasta el año pasado, los ayuntamientos eran quienes otorgaban los permisos para la operación de estos sitios, pero con reformas al Código Civil y la expedición de la Ley de Competitividad y Ordenamiento Comercial, ahora son las autoridades estatales las facultadas para extender las autorizaciones.
Esta ley aprobada en marzo por el Congreso y promulgada de inmediato por el Ejecutivo, prohíbe la operación de los tables dance en todo el territorio mexiquense, pues a decir del gobernador, eran centros de vicio y guaridas de grupos delincuenciales dedicados al narcomenudeo y la trata de personas.
En los operáticos implementados por las autoridades para cerrar estos establecimientos se han rescatado a 120 mujeres víctimas de trata, se han detenido 89 personas de las cuales 60 ya se encuentran consignadas y ya se han dictado 13 sentencias condenatorias por este delito.
Aunque en un inicio era común que los propietarios de estos sitios retiraran los sellos de clausura y abrieran de forma clandestina estos lugares, ahora ya no es tan frecuente, pues esta conducta ya es catalogada como un delito grave en la entidad.
Posteriormente, los dueños recurrieron al amparo para echar abajo la orden de clausura o suspensión de actividades decretada por la Coprisem, pero también los tribunales administrativos ratificaron la mayoría de las acciones de autoridad de esta instancia.
