Premios de consolación
Por: Francisco Ledesma
En los últimos años, como consecuencia del descrédito social que acarrean consigo los legisladores –sean diputados o senadores, sin importar su filiación política-, se ha venido asentando la posibilidad de eliminar las posiciones plurinominales, por considerarlas innecesarias y un lastre para el ejercicio de recursos públicos, sobre todo en lo que se refiere a gasto corriente.
En esencia, el clamor de quienes se desgarran las vestiduras por desaparecer las diputaciones plurinominales no tiene un argumento sólido, más allá de un ahorro económico, y la imperturbable condición de que los legisladores tienen una amplía improductividad y gozan de privilegios inconmensurables en una labor poco tangible. Lo cierto es que por un lado, las posiciones plurinominales son necesarias, y por otra parte, es que su función se ha desvirtuado.
Su origen, encuentra respuestas en el remoto autoritarismo de un PRI que lo ganaba todo, y donde la oposición se mantenía al margen de cualquier representación popular. Eran los tiempos de una incipiente tecnocracia, cuando el presidente José López Portillo abrió la puerta a las plurinominales, para que la oposición pudiera tener voz y escasos votos en el Poder Legislativo.
Con el paso del tiempo, la oposición ganó sus primeras diputaciones de mayoría, que sumadas a las plurinominales, se convirtieron en el mediano plazo en un equilibrio de poderes. Hacia la segunda mitad de la década de los noventa emergieron los gobiernos divididos, que tanto inquietan e incomodan a quienes pugnan por la ahora llamada cláusula de gobernabilidad, para detentar un control absoluto, bajo la justificación de darle viabilidad al país.
Sin embargo, dado que la incipiente democracia mexicana parece estar en regresión, y en ese proceso clientelar, nos enfrenta de nueva cuenta a mayorías relativas en algunas legislaturas estatales –incluida la del Estado de México-, es inocultable que en la genética política mexicana prevalece el anhelo de ejercer un poder incuestionable.
Se trata de un presidencialismo vigente que -a nivel de gobernadores- no permite oposición, obstáculos, inconformidades, y que pretende decisiones aplastantes, uniformes, más allá de los consensos se ejerce una aplanadora parlamentaria. Así como operan las maquinarias electorales que se traducen en triunfos arrolladores y de casillas “zapato” –donde todos los votos favorecen al partido en el poder-, se buscan esas circunstancias en los congresos.
No hay duda que el poder autoritario, ese que cometió abusos, que se encumbró en el totalitarismo, y que no corresponde exclusivamente a un partido político, podría ser una amenaza latente si se eliminan los espacios de representación proporcional que sintetizan la pluralidad política del país, y que si bien en ocasiones han generado una parálisis tan cuestionable, también han impulsado un contrapeso a los poderes unipersonales y las facultades metaconstitucionales que antes ejercía el Poder Ejecutivo.
No obstante, es cierto que los partidos políticos han convertido a los espacios plurinominales en lugares de control y cabildeo para favorecer a los poderes fácticos –sindicatos, empresas, televisoras, tabacaleras, etc.-. Lo anterior supone que las plurinominales ya no representan a la ideología política del partido que los postula, sino que lideran intereses de grupo, a veces legítimos, muchas otras mezquinos que van en detrimento de las reformas estructurales.
Aún más, en el caso de los priístas –carentes de una figura presidencial desde hace once años-, los legisladores plurinominales responden a los liderazgos de los virreinatos en que se han constituido los gobernadores en turno. Mientras que en el PRD se atienen a las tribus que conforman al partido del sol azteca. Y en el PAN, se dividen entre doctrinarios y quienes se identifican con El Yunque.
En el peor de los casos, los partidos políticos premian a sus militantes –que han resultado derrotados en contiendas previas- para hacerlos diputados o senadores. El PAN por ejemplo, ya alista para el año entrante la posibilidad de que Luis Felipe Bravo Mena –Edoméx-; Carlos Borruel –Chihuahua-; Martha Elena García –Nayarit-; José Rosas Aispuro –Durango-; y hasta Luisa María Calderón –Michoacán-; compitan por un espacio en el Senado de la República.
La ley electoral es tan laxa, y tan afable en la circunstancia plurinominal, que en caso de que los arriba mencionados sean derrotados en las urnas, pero alcancen la segunda posición electoral en sus respectivas entidades tendrán asegurado una curul en el nuevo Palacio de Paseo de la Reforma.
En el PRI, la historia no se escribe muy distinta. Frente a la amenaza de una “cacería de brujas”, el priísmo pretende blindar a políticos que podrían estar involucrados en investigaciones por diversos delitos, desde desvío de recursos públicos hasta vínculos con el crimen organizado. En esa lógica, para el Senado de la República se alistan los ex gobernadores de Puebla, Mario Marín; y de Oaxaca, Ulises Ruiz. Ambos perdieron el poder frente a alianzas opositoras que encabezaron Rafael Moreno Valle y Gabino Cué, respectivamente.
Y en ese listado, también se enumera a los ex mandatarios Arturo Montiel Rojas, del Estado de México; y Eugenio Hernández de Tamaulipas. Con ellos, se logró conservar el poder para el PRI, su partido, sin embargo es insistente la versión de que la PGR tiene sendos expedientes en su contra. El fuero como materia de impunidad entre la clase política mexicana es la constante.
La tenebra
Nos esperan seis años de menos impuestos, pero más burocracia. Dos nuevas secretarías ya se cocinan para el Estado de México. Como hijo político del árbol frondoso, parece que el alumno superó al maestro, y engrosar la administración pública paga con creces las facturas que ya le cobran.
