Francisco Ledesma / Las distracciones sucesorias
La irrefrenable sucesión adelantada por la gubernatura, impulsada por todos aquellos que aspiran por conquistar el despacho que desocupará Alfredo Del Mazo el 16 de septiembre de 2023, genera un indeseable debate que distrae esfuerzos, discursos, acciones y decisiones en una elección todavía lejana.
El proceso sucesorio marca tiempos legales de precampañas y campañas electorales que, desde ahora anticipan un convulso 2022, pues será el único año de ejercicio en que la actual LXI Legislatura del Estado de México y los alcaldes electos que entran en funciones en el mes de enero, no tendrán obstáculos ni distracciones para poner en ejecución sus agendas legislativas o de gobierno.
Los restantes dos años de su ejercicio -tanto 2023 como 2024- será de una permanente actividad electoral que frena hasta por cuestiones de veda legal y de transición gubernamental toda acción del poder público.
El 2022 será clave para que los legisladores impulsen la agenda parlamentaria que pretendan aprobar. A partir de enero de 2023, las fracciones legislativas deberán ser cuidadosas de los temas a discutir, para evitar la aprobación de asuntos que conlleven costos políticos ante la proximidad de las elecciones.
Mientras que, en septiembre de 2023, la renovación de la gubernatura exige inexorablemente de otras prioridades legislativas. Hacia 2024, la agenda electoral domina el espectro del poder público, en la cual, algunos legisladores buscarán reelegirse, y otros más, dar el salto para convertirse en alcaldes.
Desde el ámbito municipal, los alcaldes electos concentrarán sus esfuerzos de los primeros tres meses en realizar todo tipo de observaciones por irregularidades administrativas que sólo sirven para justificar su inacción hacia los presidentes municipales salientes, sin que haya consecuencias legales.
Los restantes nueve meses del año entrante, serán fundamentales para impulsar una agenda de gobierno que trascienda o que desencante a los electores. En 2023, la misma historia, los tiempos de veda electoral suspenden hasta los procesos de obra pública y los alcaldes se convierten en operadores electorales para rendir cuentas a sus partidos políticos, en el primer semestre del año.
Con la renovación de gobernador, las prioridades se modifican, y la agenda de gobierno se adapta a su plan estatal de desarrollo; hay una nueva realidad.
En 2024, los alcaldes pensarán en su reelección; y los que hayan cumplido dos periodos tendrán la mirada puesta en saltar a una diputación local o federal.
En resumen, lo que hagan o dejen de hacer alcaldes electos y diputados locales durante 2022, será decisivo para que sus planes de gobierno o legislativos trasciendan, o simplemente formen parte del anecdotario de promesas de campaña, en una coyuntura que advierte la discusión de temas archivados históricamente por una circunstancia prioritaria: la rentabilidad electoral.
En un plazo de doce meses, los partidos políticos deberán definir posibles alianzas electorales, lo que será decisivo para determinar, además, los procesos de selección de sus candidatos a la gubernatura del Estado de México, una entidad crucial para la sucesión presidencial, al tener el mayor padrón con más de doce millones de votantes, y eventualmente para junio de 2023, sería uno de los dos estados que sobreviva a gobernadores priístas en el país.
Bajo esta coyuntura, resulta inaceptable que los aspirantes a la gubernatura pretendan adelantar aún más los tiempos electorales, y con ello, acortar el margen de maniobra que tendrán alcaldes y legisladores para cumplir con sus agendas, cuando apenas fueron electos hace medio año, y evitar que la clase gobernante sólo piense con premura en la sucesión de la gubernatura.
La tenebra
Quien tenga interés por distraerse anticipadamente con sus ambiciones personales debería renunciar a su cargo en el gabinete (federal o estatal); dimitir a su responsabilidad partidista (nacional o estatal); o pedir licencia a la legislatura (federal o local).
