Francisco Ledesma
Toluca, Edomex; 22 de octubre de 2019.- El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez reconoció que la autonomía de la institución ministerial resulta insuficiente, en tanto que aún depende del Poder Ejecutivo en términos de los tabuladores y el pago de su nómina, condición que dificulta ejecutar un servicio profesional de carrera entre el personal operativo de la dependencia estatal.
Al comparecer ante la LX Legislatura Estatal, el titular de la institución afirmó que en los últimos años la Fiscalía General de Justicia ha logrado una autonomía técnica jurídica para la ejecución de la acción penal como una de sus funciones prioritarias; así como autonomía de gestión y autonomía presupuestal y administrativa, esto último conlleva a la posibilidad de emprender sus propios procesos adquisitivos y ser sujetos de auditorías por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
Gómez Sánchez consideró indispensable alcanzar con la autonomía en la nómina para romper con tabuladores que son obsoletos en las actuales funciones de la Fiscalía.
Explicó que en algunos casos los secretarios del Ministerio Público tienen percepciones salariales superiores a los agentes del mismo, aun cuando los primeros asisten a los titulares del MP.
Adelantó que para el proyecto presupuestal del año entrante, la Fiscalía General de Justicia solicitará un aumento del gasto público con el propósito de estandarizar salarial, impulsar que el 30 por ciento del personal se integre al servicio profesional de carrera y dotarles además de un fondo de separación laboral.
En tanto legisladores de oposición del Estado de México acusaron que la entidad mexiquense presenta un pronunciado incremento en la incidencia delictiva, acompañada de una profunda impunidad pese a los esfuerzos institucionales en incrementos presupuestales otorgados a las áreas de procuración de justicia estatal.
En su oportunidad, el diputado local del PRD, Omar Ortega afirmó que durante el último año, la estadística criminal en la entidad mexiquense se registró un incremento del 11 por ciento en el delito de robo en sus distintas modalidades; además de un aumento del 13 por ciento en lesiones; los homicidios dolosos en 22 por ciento; la extorsión en un 81 por ciento y el secuestro 27 por ciento.
«Lo que se respira es impunidad, aunado a que el Ministerio Público es selectivo en el ejercicio de sus funciones, lo que en su conjunto desaniman la denuncia de la ciudadanía», aseveró.
Advirtió que se enfrentan rezagos institucionales, pues mientras en el estado de Chihuahua exiten 22.5 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, en el Estado de México la cifra se reduce drásticamente con la presencia de 4.8 agentes por cada 100 mil personas.
La legisladora panista, Karla Fiesco García aseveró que para el Estado de México en términos per cápita, el impacto económico de la violencia fue de 41 mil 181 pesos, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.
«De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el año 2018, el segundo estado con más casos abiertos de delitos federales a nivel nacional fue el Estado de México con 8 mil 398 carpetas de investigación, y en cuanto a los secuestros, el Estado de México acaparó en 2018 105 de los 389 casos a nivel nacional, que es más de la cuarta parte de ellos», explicó.
El diputado del Partido Verde, José Alberto Couttolenc Buentello consideró preocupante la sobrepoblación prevaleciente en las 22 cárceles estatales, lo cual atribuyó a que el 40 por ciento de los internos se encuentran en proceso penal, sin recibir sentencia como resultado de burocratismo y dilación de las autoridades ministeriales y judiciales.
Asimismo, el legislador de Morena, Gerardo Ulloa Pérez sostuvo imprescindible trabajar en recuperar la confianza de la ciudadanía, en tanto que del total de delitos que se cometen en el Estado de México sólo se denuncia la mitad, ante la incertidumbre que generan las autoridades de procuración de justicia.
«Los delitos menores son cada vez menos denunciados porque hoy se considera una pérdida de tiempo acudir al Ministerio Público: las víctimas enfrentan burocratismo, atención deficiente, y lamentablemente altos niveles de corrupción, para ser atendidos tienen que pagar y para que su carpeta de investigación prospere tiene que entrarle voluntariamente para gastos operativos, pues no tienen lo necesario para realizar su trabajo», comentó.
