Redacción
Ciudad de México, 13 de octubre del 2021.- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este miércoles el recurso de reclamación que presentó la Secretaría de Hacienda, en contra de la suspensión provisional dictada por el ministro Luis María Aguilar, para que al Estado de México le sigan calculando sus participaciones con datos del Censo de población del 2010 y no del 2020,
En julio pasado, el gobierno de Alfredo Del Mazo presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del Censo de Población 2020 que realizó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), donde , según el gobierno estatal, se le contabilizan menos habitantes a la entidad de los que realmente tiene.
Y es que para elaborar este nuevo Censo de Población, el Inegi modificó su metodología y eso perjudicó al Estado de México al que le reconocen solo 16 millones 992 mil habitantes, lo que representa el 13.48 por ciento de la población total del país y hace diez años, la entidad tenía casi el 14 por ciento de la población total del país.
De acuerdo con la secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense, lo que está en juego son poco más de 4 mil 500 millones de pesos de participaciones federales que la entidad y los municipios mexiquenses dejarían de recibir al año, si se usan los datos del Censo 2020, pues uno de los criterios para calcular las participaciones es el número de población, además del PIB que genera cada estado.
El 9 de julio, el ministro de la SCJN Luis María Aguilar concedió la suspensión provisional para que al estado de México le sigan calculando las participaciones federales con los datos del 2010, lo que le ha permitido no perder dinero, pero esto ha alterado la distribución de las otras 31 entidades que han tenido un detrimento de sus participaciones.
Hace unos días, el diario El Financiero publicó una nota en donde el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Arana, señaló que “el Estado de México “está recibiendo 280 millones de más cada mes, que le corresponden a los otras 31 entidades”.
El asunto también ha sido abordado en reuniones que han sostenido los funcionarios de finanzas estatales con la Secretaría de Hacienda, pues esta resolución del ministro Aguilar está afectando al resto de las entidades.
La polémica orilló a la Secretaría de Hacienda a presentar el recurso de reclamación para que se anule la medida cautelar dictada por Luis María Aguilar. Incluso, durante septiembre, Hacienda desacató la orden del ministro y distribuyó las participaciones a los estados usando, para todas las entidades, el Censo 2020.
Fue entonces que el Secretario de Justicia de la entidad, Rodrigo Espeleta presentó ante la Corte un recurso de queja por el desacato en que incurrió Hacienda.
El fondo del asunto se resolverá por el pleno de la Suprema Corte en unas semanas más cuando se enliste la controversia constitucional 72/2021 y con base en esa resolución, que resultará inapelable, se distribuirán las participaciones en los años subsecuentes.
