Redacción
Ciudad de México; 26 de febrero de 2020.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realiza acciones en contra de un grupo de lavadores de dinero profesionales que operaban una red empresas factureras en el Estado de México.
A través de una nota informativa, la dependencia federal reiteró el compromiso del Gobierno de México para impulsar acciones tendientes a la prevención y detección de lavado de dinero mediante la operación de empresas factureras.
En tal sentido, la UIF presentó ante la FGR una denuncia contra miembros de una organización criminal los cuales constituyeron al menos 99 empresas factureras, mismas que se detectó realizaron retiros por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, bajo un esquema de pago a tarjetas nómina.
En la víspera, la Fiscalía General de la República (FGR), obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa en contra de cuatro personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dichas personas fueron detenidas en los cateos que realizó la FGR y Secretaría de Marina el pasado 7 de febrero en inmuebles de la avenida Tecnológico en Metepec y en el fraccionamiento Condado del Valle de la misma localidad.
De acuerdo con el modus operandi de esta organización, sus integrantes se beneficiaban de los recursos ilícitos, mediante la suplantación de identidad de diversas personas físicas a quienes les generaron cuentas bancarias, con la participación de una ejecutiva bancaria, quien les entregaba las tarjetas y los dispositivos token para que estos dispusieran de los recursos.
El dinero con el que operaba la organización provenía de operaciones ligadas a los Panama Papers, los cuales eran ingresados vía depósitos en efectivo y transferencias interbancarias, estas últimas por un monto 6 mil 730 millones de pesos, a las empresas constituidas por la organización.
Aunado a lo anterior, la UIF generó un procedimiento de bloqueo de las cuentas bancarias relacionadas a la organización criminal.
La institución dependiente de la Secretaría de Hacienda afirmó que actúa conforme a la normatividad existente para implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.
