Israel Dávila
Toluca, Edomex 18 de noviembre del 2021.- Las comisión de Patrimonio Municipal del Congreso del Estado de México aprobó este jueves tres dictámenes mediante los cuales autoriza a los ayuntamientos de San José del Rincón, de San Felipe del Progreso y de Nicolás Romero a desprenderse de inmuebles de propiedad municipal para allegarse de recursos y hacer frente a compromisos y deudas que les heredaron administraciones pasadas.
En los tres casos, existen resoluciones de órganos jurisdiccionales que obligan a los ayuntamientos a pagar, en lo inmediato, cifras millonarias por incumplimientos de pago de obras, como el caso de San José del Rincón y por laudos laborales en los asuntos de San Felipe del Progreso y Nicolás Romero.
Pese a la resistencia de algunos diputados y diputadas a que los ayuntamientos usen este mecanismo de desprenderse del patrimonio municipal para hacer frente a compromisos financieros, finalmente las iniciativas fueron aprobadas por mayoría, pues solo la diputada de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla votó en contra.
En caso de San José del Rincón se autorizó al ayuntamiento a que, mediante subasta pública, se vendan dos inmuebles para cumplir una sentencia emitida por un juzgado mercantil del Poder Judicial del Estado de México que ordenó a las autoridades de ese municipio a pagar a la empresa Ulsa, Consorcio Urbanístico, más de 38 millones que se le adeudan, por un contrato que firmó la administración municipal 2009-2012, que fue encabezada por el priista José Rangel Espinoza.
El contrato signado por el alcalde tricolor con la empresa era para el revestimiento de unos caminos en el municipio. El ayuntamiento firmó pagarés que no pudo cubrir en su momento. Ante el incumplimiento de pago, la empresa inicio un juicio mercantil que se extendió durante años y hace unos meses, el juzgado resolvió y ordenó el pago de poco más de 38.5 millones de pesos.
La diputada Juana Bonilla criticó que las autoridades no hayan planeado ni programado estos gastos en los presupuestos municipales y hayan dejado correr la deuda por años, generando intereses.
Ahora, ante la resolución judicial, las autoridades municipales no tienen otro camino más que enajenar estos inmuebles para poder cumplir con el pago, explicó el diputado priista, Iván Esquer.
En el caso de San Felipe del Progreso, la autorización que concede el Congreso a la autoridad municipal es para que pueda dar cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, que desde 2016, ordenó el pago a un ex empleado municipal de nombre José Armando Sandoval Esquivel, quien ganó un laudo laboral.
El Tribunal primero embargó al municipio un predio pero hace unas semanas ordenó al municipio adjudicar el inmueble de mil 727 metros cuadrados a este ex trabajador. El predio comprende una bodega y un terreno contiguo, aunque la iniciativa no aclara el monto que se le debe al ex servidor público municipal.
Por su parte, el ayuntamiento de Nicolás Romero, hoy gobernado por el morenista Armando Navarrete, solicitó al Congreso autorización para desprenderse de seis inmuebles de propiedad municipal para que mediante subasta se puedan obtener poco más de 40 millones y medio de pesos para cubrir un laudo laboral.
Esta, como las dos iniciativas anteriores, fueron aprobadas por mayoría pues la diputada Juana Bonilla votó en contra.
La presidenta de la comisión de Patrimonio Municipal, Anais Miriam Burgos aclaró que las aprobación de estos dictámenes se dio únicamente por existir sentencias que obligan al pago inmediato por parte de los ayuntamientos, pero dejó en claro que los legisladores no están de acuerdo en que sigan estas prácticas de desprenderse del patrimonio municipal para hacer frente a incumplimientos de funcionarios de las pasadas administraciones.
Anais Burgos se pronunció por sancionar a los funcionarios municipales que incumplieron con los pagos en su momento y a quienes dejaron crecer estos asuntos.
En la Legislatura aun existen solicitudes de ayuntamientos como Metepec y Toluca que también buscan desprenderse de inmuebles para pagar deudas o cumplir compromisos de pago por incumplimientos de administraciones pasadas.
